El juez federal Sergio Fernández tendrá que decidir sobre una medida precautoria que acompañó el recurso “a fin de evitar una sentencia ilusoria” y en la que una asociaicón representada por el ex Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, Ricardo Molinas, solicitó “la inmediata suspensión e interrupción” del ejercicio militar además de la salida del país de todas las tropas extranjeras que ingresaron al territorio argentino.
El presidente Fernando de la Rúa firmó ayer el mensaje número 820, dirigido al Congreso de la Nación, en el que solicita la autorización para “el ingreso al territorio nacional de las tropas de los distintos países”, encuadrada en el inciso 28 del artículo 75 de la Constitución Nacional, que establece como atribución del Poder Legislativo el otorgamiento de permisos a las tropas extranjeras para ingresar en el territorio nacional. La objeción de la asociación de abogados es que auque la autorización aún no ha sido concedida, militares de los distintos países invitados ya han ingresado al país, tal como lo han graficado distintos medios de prensa.
Según los letrados, “la decisión presidencial viola normas básicas de nuestro ordenamiento constitucional, especialmente el sistema republicano, basado en la división de poderes, y diversos pactos internacionales con jerarquía constitucional, entre ellos la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Carta de la Organización de los Estados Americanos”.
De acuerdo al escrito presentado por la AAJ, “es de toda evidencia” que la hipótesis de conflicto planteada para las Fuerzas Armadas de los países latinoamericanos “bajo el auspicio, financiamiento, y dirección de Estados Unidos es la del enemigo interno, una nueva edición de las doctrinas de la seguridad nacional, del conflicto de baja intensidad y del Plan Cóndor, cuyas consecuencias trágicas para los pueblos del subcontinente son harto conocidas y motivo de enjuiciamiento penal en el país y en el exterior”.
Los abogados además objetan que no se acompañe en el mensaje del Ejecutivo los acuerdos celebrados entre los participantes y no haya precisiones sobre la cantidad de efectivos que ingresaron al país y que la falta de autorización del Poder Legislativo provoca que se viole la ley de defensa nacional, que prohíbe la intervención de las Fuerzas Armadas en conflictos internos.