La propuesta pertenece al diputado justicialista Guillermo Amstutz, que preside la comisión de Libertad de Expresión y ya fue aprobada por unanimidad por la Cámara baja. Debido a la aparición de este medio existe una gran ambigüedad legal con respecto a su funcionamiento.
El artículo uno del proyecto establece que “la búsqueda, recepción y difusión de información e ideas de toda índole, a través del servicio de Internet, se considera comprendido dentro de la garantía constitucional que ampara la libertad de expresión”.
La iniciativa busca evitar situaciones de censura como las que se han producido en otros países también, donde se han confiscado servidores. Además, busca evitar los filtros informáticos que en el ámbito privado permiten bloquear los contenidos que se consideran inadecuados para los usuarios de la computadora conectada.
En los fundamentos del proyecto, se destaca “la importancia que en las sociedades modernas tiene el servicio de Internet como herramienta válida para que toda la ciudadanía pueda tener acceso a información sin censura, a enviar y recibir información y en especial a expresar sus opiniones en todo tipo de temas”.
Además el proyecto cita distintas herramientas jurídicas que fundamentan la sanción de la ley: los artículos 14, 32 y 42 de la Constitución Nacional, diversas normas que figuran en decretos del Poder Ejecutivo Nacional, jurisprudencia nacional e internacional y en especial el decreto 1279/97 que vincula el servicio de Internet con el derecho a la libertad de expresión.
Por último, el proyecto advierte la necesidad de expandir la llegada de internet “a fin de que en todos los rincones del país los ciudadanos puedan tener acceso en forma igualitaria a Información actualizada”.
“La reciente historia del tema nos muestra que mas allá de las buenas intenciones plasmadas en decretos del Poder Ejecutivo Nacional estamos aún lejos de tener tarifas razonables y equitativas, acceso igualitario para las zonas geográficas más alejadas, y habiendo sido el tema rezagado en las políticas públicas de los últimos años, es que consideramos que un proyecto de ley como el que proponemos es el elemento básico inicial para avanzar en este tema en forma coherente y acorde con las políticas nacionales actuales en materia de comunicación social”, concluye la inciativa.