El titular de la entidad que nuclea a magistrados y funcionarios judiciales sostuvo que la tarea de los jueces "es fácilmente investigable", porque "sólo con ver sus resoluciones se puede saber cuál es el trabajo que se realiza". "Por lo tanto, no se necesitaría en exceso un nuevo control fuera del que ya existe por parte de la Suprema Corte provincial”, añadió.
Precisamente el máximo tribunal de la provincia creó en abril último la Secretaría de Control Judicial, un organismo con competencia no sólo para intervenir en el control disciplinario de los magistrados, funcionarios y empleados sino también para realizar controles de gestiones, cuyos resultados pueden dar origen a sanciones y hasta el sometimiento a un jury de enjuiciamiento.
Estos controles de gestión se realizan a través de inspecciones rutinarias en las que se evaluan la duración global de los procesos y los niveles de relación entre las causas iniciadas y las resueltas; y también para observar, si en todos los juzgados de un mismo fuero, se cumplen niveles aceptables del servicio, de acuerdo a comparaciones periódicas de la actividad en los 18 Departamentos Judiciales.
En varias ocasiones Solá se quejó públicamente de la acumulación de causas y la falta de productividad de los jueces provinciales. Ahora el gobernador volvió a instalar el tema luego de las demandas de mayor seguridad que expresó la sociedad en la última marcha convocada por el empresario Juan Carlos Blumberg.
El gobernador admitió ante familiares de víctimas de los delitos que "cada vez están más cerca los exámenes para los jueces" y marcó diferencias con relación al ámbito político al expresar que "a los gobernantes nos eligen cada cuatro años, mientras que los magistrados actualmente sólo pueden ser removidos por un juicio político que es una medida extrema".
Desde del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires aclararon a DiarioJudicial.com que el tema de los “exámenes de evaluación” es un punto de una serie de cuestiones que fueron propuestos por el Ejecutivo y deberán ser debatidas dentro del ámbito del “Consejo Consultivo para la Reforma Judicial”, que funciona en la provincia desde el mes de mayo y reune a los distintos actores del sistema judicial.
La iniciativa, que todavía no se transformó en un proyecto “formal”, deberá ser sometida, en ese ámbito a un análisis sobre su eventual aplicación, ya que, de ser así, seria necesaria previamente una reforma a la Constitución provincial.
Esta previsto para este jueves una reunión plenaria de este organismo, aunque es improbable que se trate este tema.