Al respecto, el Subsecretario de Justicia, Francisco Fuster, aseguró que "todas estas nuevas medidas que hemos tomado redundarán positivamente no sólo en la transparencia del proceso de elección sino en la prestación del servicio en los registro automotores, asegurando un perfil de excelencia y profesionalismo".
"De esta manera estamos cumpliendo con nuestro compromiso de establecer, previamente, reglas claras en la designación de los titulares de registros", añadió Fuster, que explicó que todos los candidatos deberán certificar título habilitante de abogado, contador público o escribano y cinco años de experiencia profesional; lugar de residencia a una distancia no mayor de 100 kilómetros de la sede del registro que corresponda; solvencia económica y financiera suficiente para constituir la garantía prevista e indicar la forma en que la harán efectiva, adjunto un informe acerca de antecedentes comerciales y financieros; y ausencia de antecedentes penales.
Asimismo, se determinó que en ningún caso podrán ser postulantes los funcionarios del Ministerio de Justicia o sus parientes por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, prohibición que regirá no sólo durante sus funciones sino hasta transcurrido tres años desde el cese en el cargo.
Con respecto a la garantía financiera que deberán acreditar, a partir de ahora, los encargados de registro, estará destinada a cubrir sus eventuales responsabilidades por los daños y perjuicios que puedan provocar como consecuencia del ejercicio de la función.
En relación al concurso público, sólo podrán intervenir un máximo de veinte postulantes y, en caso de exceder esa cantidad, se procederá a un sorteo. Quienes finalmente concursen, deberán contar con el juicio unánime del respectivo Tribunal Evaluador, encargado de examinar a los aspirantes con el fin de acreditar su capacidad y conocimientos teóricos y prácticos para el ejercicio de su función.
Los tribunales encargados de decidir estarán integrados por profesionales propuestos por la Federación Argentina de Colegios de Abogados, el Consejo Federal del Notariado Argentino y la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.