Los proyectos forman parte de un conjunto de leyes que elabora el Poder Ejecutivo para llevar adelante una reforma judicial, sobre todo en el ámbito penal, para la provincia de Buenos Aires.
La mayoría de estas iniciativas vienen siendo discutidas desde hace tiempo en el ámbito del Consejo Consultivo, que volvió a reunirse este jueves. Entre los proyectos que todavía quedan pendientes se encuentran la nueva ley de minoridad, una nueva conformación del Consejo de la Magistratura y la modificación al sistema de enjuiciamiento de los magistrados.
De la reunión, que se realizó en el Senado provincial, participaron la vicegobernadora bonaerense, Graciela Gianettasio; el ministro de Justicia, Eduardo Di Rocco; el titular de la Suprema Corte de Justicia, Eduardo De Lázzari; la Procuradora de la Corte, María del Carmen Falbo, y representantes de los colegios de Abogados y Magistrados.
La novedad del encuentro fue que la Corte volvió a estar presente a través de su representante luego de varios encuentros. Al parecer, un proyecto de ley que se discute en ese órgano habría sido la causante de este período de ausencias. Además, según pudo saber este medio, ya fue tomada la decisión de extender el plazo de funcionamiento del Consejo Consultivo por sesenta días más. El mismo vencía el próximo 9 de septiembre.
Los proyectos
La primera iniciativa crea la figura del Defensor General de la provincia, quien se constituirá en el jefe de los defensores oficiales, cargo similar al que ocupa el Procurador, que es la autoridad máxima pero de los fiscales.
En ese proyecto se recuerda que el artículo 120 de la Constitución Nacional consagró una cúspide bicéfala en el Ministerio Público al crearse la figura del Defensor General de la Nación a la par del Procurador General, que ello fue producto de la reforma del año 1994 y que los fundamentos que motivaron esa norma son similares a lo que se propician en esta ocasión.
“No se concibe –dentro de un estado de derecho- que un mismo órgano tenga el control y la dirección técnica y política sobre los funcionarios que tienen en sus manos el ejercicio de la persecución penal del Estado, por un lado; y sobre los funcionarios encargados de defender al imputado contra esa misma persecución estatal, por el otro”, se puede leer en los fundamentos del mismo
El otro proyecto que ingresó al Senado, es el que crea nuevas 40 fiscalías y 24 defensorías oficiales en el conurbano y el interior de la provincia de Buenos Aires para mejorar el servicio de Justicia. La medida apunta a la descentralización de fiscalías y defensorías en el conurbano provincial.
Además, crea la figura del Ayudante Fiscal para los partidos del interior. Según el artículo 8 de la iniciativa “quienes se desempeñen en los cargos de Ayudante Fiscal creados por la presente deberán fijar residencia permanente en los partidos que determinen conjuntamente el Ministerio de Justicia de la Provincia y la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia, atendiendo a índices poblacionales y de criminalidad”.
Los requisitos para cubrir estos cargos serán los siguientes: poseer título de abogado; tres (3) años de ejercicio en la profesión en materia penal o en cargo judicial del fuero penal; ser mayor de treinta (30) años de edad y haber aprobado el Curso de Capacitación que dicte a tal efecto la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia.