Dju: Mucho se ha hablado últimamente del control de los jueces y hubo varios proyectos. El criterio de evaluar a los jueces por productividad trajo reacciones y reclamos de los propios magistrados, al interpretar que había una visión economicista de esta cuestión. ¿Cómo ve este problema?
EDR: No, esa es una deformación del término. Quizá lo más acertado para expresar en ese sentido es que cuando uno habla de productividad se lo asocia a un proceso económico comercial. Nosotros preferimos hablar de standarización de niveles de trabajo. Es un proyecto que se está analizando en el ámbito de la mesa del consenso. Implica tener un nivel de control en base a pautas de standarizacion. Córdoba tiene un proceso similar desarrollado en este sentido. Esto no quiere decir que el juez deba producir determinada cantidad de sentencias por mes. Pero sí a lo mejor quiere decir que si un juez ha tenido en un mes dos, tres o cuatro o seis nulidades dictadas por una cámara, bueno, yo creo que su conducta tiene que ser analizada. Y hay que buscar las causas por la cual esa circunstancia se ha producido. Esto quiere decir que, en líneas generales, la evaluación debe existir como en todos los órdenes del Estado. Nosotros, lo que estamos buscando es cómo producir esa evaluación. Pero reitero, no con un criterio economicista o cuantitativo. Hay cuestiones que deben evaluarse como su contracción al trabajo, su carga horaria. Yo creo que es importante la carga horaria y me parece muy sabia la decisión de la Corte de extender el plazo horario. La carga horaria es .. importante. Está bien que hay jueces que se llevan trabajo a su caso, pero el estar en el despacho es importante, porque eso anima a los demás y da un importante ejemplo.
Dju: Usted hablaba de nulidades como criterio de evaluación. Muchos juristas consultados explican que el código procesal vigente abre la puerta para pedir nulidades.¿Se va a revisar este aspecto?
EDR: Bueno, las garantías constitucionales sobre el debido proceso son insoslayables. Si usted me pregunta estudiar algunos casos puede ser. Pero de ninguna manera el proceso debe afectar ninguna garantía constitucional y menos la del debido proceso.
Dju: Usted habló de standarización como criterio de evaluación de jueces. ¿Se está estudiando de buscar parámetros con promedios a nivel global en el conjunto de los 18 departamentos judiciales y cotejar como los magistrados se desempeñan en relación con esos parámetros?
EDR: Creo que ese juez que se aleje demasiado debe ser observado o advertido. Creo que ese criterio es el que debe buscarse. Ahora, la disimilitud, en cuanto al volumen de causas en provincia de Buenos Aires tanto en área metropolitana como en interior, hace que no busquemos un solo parámetro y esto es lo que estamos discutiendo.
Dju: ¿Se debe buscar también un parámetro que surja de la relación causas iniciadas y causas resueltas?
EDR: Si y también calidad en sentencias, resultados finales en cuanto a si han tenido muchas nulidades y han sido atacadas.
Dju: ¿Esto último no podría ser riesgoso, al tener en cuenta que muchos jueces de grado reciben nulidades por no compartir el criterio jurisprudencial de las instancias superiores y no por falta de capacidad?
EDR: Bueno, esas son cuestiones que deben ir estudiándose. En este sentido, la Casación, en el ámbito penal, tiene un rol importante en la unificación de criterios en materia de jurisprudencia.
Dju: Ya se legisló y se está aplicando un primer paquete de leyes judiciales en territorio bonaerense ¿Se puede precisar algún balance o estadística al respecto?
EDR: No. Yo creo que habrá que esperar hasta la mitad del año que viene para poder establecer alguna estadística. En ese sentido, se debe determinar en el tema de la flagrancia, cuantos juicios se elevan a prueba en este sentido.
Dju: ¿Y aumentó el número de detenciones?
EDR: Si. Y el hecho está en que hay una policía mucho más activa en territorio. Y con respecto a lo solicitado por el señor (Juan Carlos) Blumberg, quien señala que hay 8500 presos en comisarías, esto no es así. Al primero de abril (día de la primera marcha) había 4800,al momento de la tercera marcha había 5600- Pero entre el primero de abril y la tercera marcha que fue hacia a mediados de agosto, el Servicio Penitenciario retiró de comisarías 1900 detenidos. Esto demuestra que hubo un trabajo importante de la policía y también del servicio penitenciario, máxime cuando el gobernador Felipe Solá anunció la inversión de 230 millones de pesos para distintas alcaldías en el conurbano y dos cárceles importantes de máxima seguridad, una en San Martín y otra en Campana.
Dju: ¿Con las nuevas limitaciones a excarcelaciones también se observó un fuerte incremento en las detenciones?
EDR: Es muy pronto para tener estadísticas pero esperamos que se haya producido un incremento al respecto.
Dju: El número de detenciones provoca mayor demanda hacia la justicia penal y puede haber algún riesgo de colapso.
EDR: Bueno, nosotros nos estamos preparando para eso. De allí que hayamos promovido nuestro programa de descentralización de fiscalías y defensorías en el ámbito del área metropolitana de Buenos Aires y también canalizar un mayor acceso a la Justicia, que la gente pueda estar mucho más cómoda al disponer de una sede judicial más cercana para la recepción de su denuncia.
Dju: También el aumento de detenciones y de la demanda en el fuero penal puede traer nuevas complicaciones con el cumplimiento de plazos previsto en el Código Procesal Penal para las elevaciones a juicio oral y de hecho, en la actualidad no se estarían cumpliendo estrictamente esos plazos. ¿Qué se está pensando al respecto?
EDR: Hay lugares donde estamos verdaderamente atrasados, por ejemplo en el departamento judicial Quilmes. Y estamos analizando las causas y estamos viendo en conjunto con la Corte como podemos brindar una solución. Hay propuestas que todavía no están maduras y por eso no las quiero explicitar, pero estamos estudiando este temas dado que hay atrasos importantes. Esto demuestra que, quizá solucionemos ahora este cuello de botella en cuanto a la instrucción penal preparatoria, pero debemos estar prestos para que cuando se eleven esas causas a juicio los tribunales criminales no tengan una demanda que los sofoque.
Dju: ¿Habría que ampliar los plazos de la Instrucción Penal Preparatoria por ejemplo?
EDR: Si. Y crear algunos órganos también.
Dju: ¿Por ejemplo?
EDR: Más Tribunales Criminales y Cámaras de Garantías.
Dju: ¿Y con respecto al esquema de juzgados Criminales y Correccionales?
EDR: Bueno, ahí nosotros lo que hicimos fue aumentar la competencia de los correccionales, vamos a estudiar que efectos tiene y vamos a trabajar sobre esos efectos.
Dju: ¿En cuanto a la oralidad para todos los delitos, se prevé algún cambio?
EDR: Se está estudiando y está en el ámbito de la comisión de consenso judicial. Nosotros queremos reafirmar el principio de oralidad y nos parece sumamente positivo.
Dju: Hubo iniciativas que se está inclinando por el juzgamiento oral con un solo juez.
EDR: Hay algún proyecto, mejor dicho, un esbozo de proyecto en ese sentido.
Dju: ¿Y cómo lo ve?
EDR: Puede ser positivo y quizá el año que viene podamos tener alguna experiencia en ese sentido.
Dju: ¿En el caso de juzgamiento con un solo juez debería crearse alguna instancia adicional de apelación?
EDR: Naturalmente que cuando se establecen nuevas reglas de proceso se deben buscar las garantías necesarias.
Dju: ¿Alguna instancia intermedia entre el juicio oral y el tribunal de Casación?
EDR: Está analizándose.
Dju: Se conocen reclamos o proyectos que derivarían en un crecimiento de la demanda en la justicia provincial. Hace unos días el gobernador Felipe Solá reiteró su pedido para que se amplíe a la justicia provincial la intervención en investigaciones ligadas a tráfico de estupefacientes. Si esto se diera se incrementaría notablemente la actividad del fuero penal...
EDR: Si. Nosotros pedimos la desfederalización de la aplicación de la ley nacional sobre uso de estupefacientes o sustancias prohibidas, nosotros hablamos allí específicamente en una nota que remitimos a la cámara de Diputados y al Senado nacional respecto de los delitos relacionados con la tenencia de drogas y aquellas derivadas de la adulteración de recetas de psicofármacos. No estamos hablando de la competencia para causas de tráfico en grandes cantidades. Estamos hablando de uso, tenencia y venta para consumo personal.
Dju: ¿Advierte alguna resistencia del fuero federal?
EDR: No hemos conversado con los jueces federales en este sentido. Nos hemos dirigido directamente a las cámaras nacionales.
Dju: Hubo un fuerte reclamo hacia los senadores nacionales de parte del gobernador Felipe Solá en cuanto a un excesivo tiempo de estudio de ese proyecto...
EDR: Bueno, eso es porque hace bastante que está ese proyecto en estudio, desde marzo de este año. Dicen que se está estudiando. Nosotros allí tenemos el apoyo de la senadora (Elba) Muller, pero tenemos a otros senadores que no están tan ocupados en el tema.
Dju: En la mesa de diálogo judicial se viene analizando la división del ministerio público y la creación del Defensor General. ¿Se avanzó en ese sentido?
EDR: Si. Nosotros hemos puesto a consideración para el estudio y el debate del Honorable Senado un proyecto de ley que se originó en el Poder Ejecutivo, que tiene una solución transitoria de división entre el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa. Y digo transitoria, porque nosotros pensamos que necesitamos una reforma constitucional para consolidar esta división. El gobernador Felipe Solá piensa que las partes contradictorias de un proceso no pueden estar bajo una misma tutela o jurisdicción. Son ambas, fiscalía y defensa, de una naturaleza visible, y tienen, si se quiere hasta intereses contrapuestos. Entonces, para esto hemos enviado un proyecto de ley que establece un proceso de transitoriedad, hasta tanto se llegue a la reforma constitucional para concretar esta separación entre el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa.
Dju: Es decir que primero se reformará la ley del Ministerio Público.
EDR: Primero se reforma la ley del Ministerio Público a través de este proyecto y luego avanzar en la enmienda constitucional para la separación definitiva de ambas estructuras.
Dju: Mientras tanto habría algún Defensor Oficial con autonomía para manejarse...
EDR: Bueno. Hoy prevemos que transitoriamente el Defensor General de la Casación (Mario Coriolano) sea quien tenga este rol en forma transitoria hasta la enmienda constitucional y se adecue la situación presupuestaria para que la Defensa pueda actuar en forma autónoma.
Dju: ¿Cual sería el concepto a reforzar mediante una enmienda constitucional?
EDR: Es que el articulo 189 relativo al Ministerio Público establece que bajo la misma órbita y conducción del Procurador se encuentran los fiscales y defensores. Es necesario entonces reformar ese artículo. El artículo 189 de la Constitución provincial señala que el Ministerio Público será desempeñado por el Procurador y el Subprocurador de la Suprema Corte de Justicia, por los Fiscales de Cámara, por Agentes Fiscales, Defensores de Pobres y Ausentes y también señala que el Procurador General ejercerá superintendencia sobre los demás miembros del Ministerio Público. Es decir, según este artículo constitucional no existe la separación. Por eso buscamos un camino legislativo provisorio hasta tanto se concrete la enmienda constitucional.
Dju: En cuanto al Consejo de la Magistratura, muchos proyectos se han debatido hasta el momento y se habla de redefinir su función. ¿Qué se está analizando al respecto?
EDR: Allí se están analizando distintas cuestiones. Desde la composición hasta algunos cambios en el reglamento. Por ejemplo, que no se convierta al Consejo de la Magistratura como una carrera en el sentido estricto del término. Por caso, que alguien que rinda como Agente Fiscal adjunto y dentro de dos meses haya un concurso para titular y ocurre que alguien que se hizo cargo hace dos meses, vuelva a rendir, y reste horas de su trabajo para rendir el examen y que después haya un concurso de juez y vuelva a rendir. Entonces debe haber un plazo entre que se hace cargo de una determinada estructura y pueda volver a rendir para otro concurso. Debe haber un plazo razonable en el cual también se evalúe su desempeño. Hay modificaciones en cuanto a qué también debe merituarse como método de selección a la hora de la entrevista personal al postulante a cada cargo. No tener al examen como una determinante exclusiva.
Dju: ¿La comunidad no tendrá mucha participación en la selección de un magistrado, no?
EDR: Bueno, allí hay una propuesta de la Asociación Judicial Bonaerense, minoritaria, pero que me parece interesante y que tiene que ver con la apertura hacia organizaciones no gubernamentales para intervenir en determinados aspectos de la selección en cuanto a consensos y disensos. Y la postura es que a la comisión de Acuerdos del Senado se envíen tanto los consensos como así también los disensos para que los legisladores sepan quienes han disentido y por qué.
Dju: ¿En cuanto a la participación del Consejo en el proceso de enjuiciamiento, se evalúa algún cambio?
EDR: Bueno, nosotros tenemos alguna posición allí con algunos proyectos que se están estudiando.
Dju: ¿Y respecto de la creación de una secretaria de actuación dependiente del Senado provincial?
EDR: Bueno. Nosotros pensamos que el camino legislativo es el adecuado para tratar de componer esta cuestión. Esta secretaria no estaba en el proyecto original, pero surgió como una inquietud posterior. Esto generó algunas disidencias en la mesa del consenso, pero creo que con un buen diálogo instaurado entre los distintos poderes ésto puede solucionarse.