El proceso arrancó con las renuncias de Liporaci, Bagnasco y Literas. Luego se sumó el juzgado 4, cuando Gabriel Cavallo fue ascendido a camarista. Los tribunales federales penales de Retiro agrupan las investigaciones penales abiertas sobre los funcionarios de la Casa Rosada, además de instruir las causas sobre narcotráfico, lavado de dinero y derechos humanos. De allí la importancia de este concurso.
Según pudo confirmar este medio, los pliegos de los cinco candidatos llegaron hoy a la comisión de Acuerdos del Senado, que preside el senador Jorge Yoma, y de esta forma tomaron estado parlamentario. Ahora deberá publicarse un aviso informativo en los diarios, lo cual se hará efectivo entre este viernes y el próximo lunes. Según fuentes del la comisión de Acuerdos, al menos quince días después, el presidente de la comisión fijará la fecha de las audiencias correspondientes que, generalmente, tienen lugar en un mismo día. Realizadas las audiencias, la comisión estará habilitada para otorgar dictamen favorable a los nombramientos. Según las mismas fuentes, esto podría suceder en algo más de un mes.
Freiler compartirá ahora tribunal con Cavallo, en la sala I de la Cámara Federal. El fiscal federal se enteró de la noticia en Madrid, lugar donde se encuentra actualmente con el objetivo de recabar información a raíz de la investigación que lleva adelante de los crímenes ocurridos en jurisdicción del Cuerpo I de Ejército durante la última dictadura militar.
Rafecas es actualmente secretario letrado de la Procuración General de la Nación, ingresó a la Justicia a los 18 y es docente hace diez. Lijo, actual secretario de la sala I de la Cámara Federal, fue la sorpresa de esta lista. Su incorporación fue obligada por la elección de Freiler para la Cámara. El fiscal también participaba del concurso para los juzgados, donde había quedado en el primer lugar del orden de mérito.
Ercolini trabajó en la Oficina Anticorrupción y actualmente lo hace como secretario penal en la Corte Suprema de Justicia. Ingresó a la Justicia en 1982 y es profesor adjunto de la cátedra de Derecho Penal de la UBA. Guillermo Montenegro, por su parte, es fiscal federal e investigó, entre otros, a Víctor Alderete y A Raúl Moneta