Como excepciones al nuevo régimen figura la portación a cargo de la policía, los funcionarios de alto riesgo y para aquellas personas que logren probar que su vida está amenazada. Sólo así podrán obtener permiso para portar armamento.
En cuanto a las sanciones, para las personas que sean sorprendidas sin la correspondiente autorización, se ha establecido que podrán ser privados de su libertad por un período de dos a cuatro años de cárcel.
Esta iniciativa legislativa se suma a la acción del gobierno que desde mediados de julio de este año, ha destinado más de 10 millones de reales en comprar armas a aquellos propietarios que las entreguen voluntariamente en las estaciones de policía. El Estatuto del Desarme promulgado en diciembre de 2003 prevé también la realización para octubre del próximo año de un plebiscito a fin de decidir si se prohíbe la venta de armas en el país.
Un dato curioso es que para efectuar el registro, se deben pagar alrededor de 300 reales y 1.000 en caso de recibir el permiso, en tanto que el gobierno paga entre 100 y 300 reales según el arma tornando así mas oneroso registrar un arma que entregarla voluntariamente al gobierno.