Según los firmantes, “son incomprensibles los motivos que permitirían justificar que los magistrados no se encuentren sometidos a los mismos estándares básicos de conducta y rendición de cuentas que pesan para el resto de los funcionarios”. En este sentido, “los jueces deberían sujetarse a las reglas que emanan de la Ley de Ética Pública y, en consecuencia, aceptar que sus declaraciones juradas de bienes sean dadas a publicidad, ante el pedido de cualquier ciudadano conforme el artículo 11 de la citada Ley 25.188, exceptuándose la ubicación de los inmuebles y los números de cuentas bancarias.”
Las ONGs rechazan el argumento expresado por varios magistrados acerca de que la publicación de las declaraciones juradas afectaría su “seguridad personal”. “Consideramos que si se exceptúa de la publicidad los datos que informan sobre el nombre de los bancos o entidades financieras en que tuviesen depósitos de dinero, los números de cuentas, la ubicación detallada de los bienes inmuebles, dándosela a conocer solamente por orden judicial, se evitaría cualquier riesgo para la integridad de los magistrados y sus familias”, dijeron en la misiva.
De hecho, uno de los proyectos dos proyectos que se discuten actualmente en el Consejo de la Magistratura, que pertenece a la diputada Marcela Rodriguez y al abogado Beinusz Szmuckler, contempla la posibilidad de presentar dos declaraciones juradas, una de las cuales, la que contiene los datos más sensibles, tendrá restringida su publicidad.
Los firmantes creen que una opinión favorable de la Asociación que nuclea a los magistrados, “estaría dando una señal a la ciudadanía a favor de la transparencia y la publicidad, base de la forma republicana de gobierno”.
Sin embargo, en diálogo con DiarioJudicial.com el presidente de la Asociación de Magistrados, Miguel Caminos, aclaró que ya expusieron su posición respecto de este tema en el Consejo de la Magistratura. “No estamos en contra de las declaraciones juradas ni queremos escapar al control, pero no queremos una publicidad indiscriminada que posibilite a cualquiera acceder a los datos patrimoniales de los magistrados”.