Asimismo, explicarán que en el marco de aquel acuerdo, la industria debe publicar "las investigaciones sobre sus productos" y también se prohibió la publicidad destinada a los menores.
Sin embargo desde la Fiscalía General adelantaron que ante el Tribunal de Distrito defenderán la acusación ya que si las tabaqueras llegaron a un pacto hace cincuenta años para silenciar los efectos nocivos de su producto para la salud humana, nada impide que sigan mintiendo en el futuro.
Al parecer la réplica de las defensas será que las tabaqueras tal vez se equivocaron en cuanto a los peligros del tabaco, pero agregarán que eso no significa que conspiraron para cometer un fraude ni que lo hagan en el futuro.
La Fiscalía reclama 280.000 millones de dólares en concepto de beneficios conseguidos de forma fraudulenta y, de tener éxito supondría la quiebra de la industria, dado que el valor combinado de las empresas demandadas no alcanza los 200.000 millones de dólares.
El caso se remonta a 1953, cuando las empresas crearon un instituto de investigación, que hoy ya no existe. La Fiscalía asegura que el resultado fue un pacto sectorial para callar los efectos nocivos del tabaco para la salud.