En ese sentido, desde la bancada oficialista, agregaron que se pretende primero lograr un nuevo contrato social, con médicos, personal sanitario, movimientos feministas, abogadas y colectivos afectados, para poder aprobar ley de salud sexual, la cual calificaron de imprescindible para luchar contra los embarazos no deseados entre las adolescentes.
Por su parte, los representantes del Partido Popular afirmaron su oposición a la iniciativa porque, según detallaron, supondría “romper el equilibrio actual existente entre los derechos de la mujer y del nasciturus”.
Vale aclarar que la actual regulación del aborto permite la interrupción voluntaria del embarazo en tres supuestos: grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada, que debe contar con un dictamen médico emitido con anterioridad a la intervención; embarazo consecuencia de un delito de violación; y riesgo de graves taras físicas o psíquicas para el feto.
La reforma que se discutió proponía el aborto libre al permitirlo cuando, a juicio de la mujer, la continuación del embarazo supusiera un conflicto personal, familiar o social que le impidiera proseguir con él.
Además, se buscaba que la mujer decidiera si quería o no continuar adelante con su embarazo durante las primeras 14 semanas, garantizando su derecho a recibir amplia información y apoyo psicológico y físico.