01 de Julio de 2024
Edición 6996 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 02/07/2024

El olvido le costó caro

La Cámara en lo Criminal y Correccional Federal confirmó el procesamiento de Víctor Alderete por omitir denunciar un presunto delito que afectaba el patrimonio del PAMI, cuando era interventor.

 
La Sala Segunda de la Cámara Federal porteña confirmó hoy el procesamiento del ex presidente del PAMI, Víctor Alderete, por omitir denunciar presuntos hechos ilícitos ocurridos en la obra social, en octubre de 1998.

Los jueces Martín Irurzun, Eduardo Luraschi y Horacio Cattani ratificaron lo resuelto por el juez federal Jorge Ballestero, en relación a hechos que habían sido puestos a conocimiento de Alderete.

La Cámara tuvo en cuenta que tras su alejamiento del cargo al frente de PAMI, un expediente interno conteniendo un reclamo para realizar la denuncia penal de esos ilícitos fue secuestrado entre las carpetas que Alderete hizo retirar de su despacho y trasladó a un depósito de Morón.

Alderete aguarda un inminente fallo de la misma cámara que podría devolverle la libertad, luego de casi un año y medio de detención, en la causa por la que fue procesado como jefe de una asociación ilícita.

Ballestero procesó al ex funcionario por no haber llevado a la justicia los información sobre presuntos delitos que fueron puestos en su conocimiento.

En tanto, su defensa, a cargo del ex ministro de Justicia, Carlos Arslanián, sostuvo en su descargo que Alderete no era un funcionario público ya que había sido designado al frente de una Obra Social, y que por esa condición no tenía obligación de efectuar denuncia, y en su defecto, tampoco existían constancias que la omisión hubiese sido intencional.

Ahora, la Sala Segunda entendió que Alderete "tuvo conocimiento del supuesto ilícito" y, estando obligado a hacerlo, lo "omitió dolosamente". La Sala se refiere a presuntas irregularidades cometidas en la organización de las Primeras Jornadas para Consejeros y Auditores, celebradas en Mar del Plata, del 17 al 19 de diciembre de 1994. A raíz de estos hechos se inició un expediente interno, que concluyó con un dictamen donde se expresó la necesidad de iniciar una denuncia penal, lo que fue comunicado a la presidencia del PAMI el 17 de octubre de 1998.



dju / dju
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