En el documento se resumen las inquietudes formuladas en una encuesta realizada a los 140 Estados que integran el tribunal arbitral, sobre la publicación de sus causas, el acceso de terceros, el criterio de selección de los árbitros y la posibilidad de establecer un tribunal de apelación.
El sistema de arbitraje de este organismo fue pensado para resolver controversias entre particulares, y por eso se justificaba la confidencialidad que regía sus casos, pero dada su trascendencia e impacto actual, se reclamó una mayor difusión de sus resoluciones.
Además, en cuanto al acceso de terceros se propone una flexibilización de esta estrategia, ya que existen demasiadas restricciones y el documento admite la posibilidad de que las audiencias sean abiertas al público.
Otro de los puntos específicos que podrían llegar a modificarse es el relativo a lograr mecanismos más expeditivos para que las demandas no se prolonguen en el tiempo.
En cuanto a los requerimientos para la elección de árbitros que deben tener una alta moral y reconocida competencia en el derecho, se ha cuestionado la posibilidad de actuar como árbitros y defensores de las empresas ante lo cual, el CIADI admite la posibilidad de establecer un "código de conducta" para los mismos.
Por último, hace referencia al sistema de apelación que hoy es inexistente, y admite un reconocimiento de la necesidad de establecer un mecanismo de segunda instancia, aunque se aclara que con este trámite se podría dilatar y debilitar el proceso de arbitrajes.
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) organismo dependiente del Banco Mundial, es el encargado de dirimir las causas en contra del Estado Argentino que hoy en día ascienden a 32 casos por un monto total de unos 17.000 millones de dólares.