De esta forma Carrión de Lorenzo hizo lugar a la presentación radicada por Oliveira solicitando la suspensión del sistema “Calling Party Pays” entre usuarios de teléfonos celulares.
La magistrada adoptó “una medida de no innovar” que tendrá alcance respecto de todos los usuarios de las licenciatarias comprendidas en dicho acto administrativo y que se encuentren domiciliados en el radio de la Ciudad Autónoma de Bs. As, todo ello hasta que se dicte sentencia definitiva.
La medida promovida por Oliveira tiene como objeto “evitar el daño que puede causar al usuario este aumento tarifario ilegítimo que alcanza una cifra que resultaría exorbitante en cualquier lugar del mundo”.
La defensora sostiene que el nuevo sistema implicaría un aumento tarifario de 25 centavos más IVA el minuto, o sea “entre un cinco y un quince por ciento en la economía de los usuarios”.
En su presentación Oliveira había remarcó las irregularidades que, a su entender, habría cometido la Secretaría de Comunicaciones, como ser la falta de una audiencia pública, exceptuando la participación de los usuarios. "Esta modificación de las tarifas es resultado de un acuerdo privado entre las empresas, en una actitud que limita la competencia y mantiene como rehenes a los siete millones y medio de usuarios de celulares", señaló Oliveira.
Por su parte desde las empresas telefónicas argumentaron que “la medida judicial, de aplicarse, impedirá que 8 millones de clientes de telefonía fija reciban un descuento del 17% en las llamadas que realizan entre la telefonía fija y la celular que pasaría de 0,35 centavos originales de diciembre de 2000 a los 0,29 centavos que regirían a partir del 1 de septiembre”.
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