En la presentación, la ONG realizó un minucioso análisis del candidato. Pero además, pidió aclaraciones respecto de su intervención vinculada al PAMI a través de una gerenciadora en el mercado de la salud de Santa Fe, de los cuestionamientos éticos de la prensa local hacia la persona de Lorenzetti y de los conflictos con sus ex socios. El proceso de adhesiones y de impugnaciones finalizó la semana pasada con un resultado muy favorable para el abogado santafesino. Ricardo Luis Lorenzetti fue propuesto por Kirchner para integrar la vacante en la Corte Suprema de Justicia en reemplazo de Adolfo Vázquez.
En diálogo con este medio, Alvaro Casalins, presidente de FORES, aclaró que “Lorenzetti posee una dilatada carrera como académico en el ámbito del Derecho Privado y también resulta positivo que se designe a un candidato del interior del país por el hecho de responder a una demanda lógica del sistema federal”.”Que no tenga antecedentes judiciales también favorece la heterogeneidad del Tribunal, en cuanto al origen profesional de sus miembros”, agregó.
Sin embargo, Casalins cree que Lorenzetti “debería ser desestimado como candidato” para integrar la Corte. “Según la documentación que presentamos, integra una sociedad que era gerenciadora del Pami”, asegura. La sociedad en cuestión se denominaría APREME. “A nosotros no nos consta que haya renunciado”, resaltó.
En la presentación ante el Ministerio de Justicia, la institución también destacó que la cercanía ideológica con el Presidente Kirchner y su esposa “no es la mejor carta de presentación a la hora de formar una Corte pluralista”, y que sería conveniente proponer algún candidato proveniente de otro ámbito político e ideológico, que permita quebrar la sensación presente en la ciudadanía, sobre la presencia de una nueva mayoría automática en el más alto organismo de Justicia.
“Con cierta contrariedad vemos que en la página digital del Ministerio de Justicia, figura que FORES no se expidió sobre Lorenzetti, cuando en rigor realizó una investigación y una cuidada presentación donde señaló algunos interrogantes acerca de su postulación”, remarcó Casalins en diálogo con este medio. Sin embargo, aclaró que la institución sigue bregando por la transparencia que el decreto 222/03 intenta aportar, para “que no se convierta en un mero mecanismo de convalidación de decisiones ya tomadas, en el cual resulte ingenuo participar, ya que las autoridades parecen contabilizar las adhesiones e ignorar las objeciones”.
Como resultado de la consulta pública, Lorenzetti obtuvo el respaldo de unas 800 personas y un centenar de instituciones contra apenas 77 impugnaciones individuales y otras tres institucionales. Dos de ellas le atribuyen una posición abortista y un gremio de médicos santafesinos lo considera "moralmente inhabilitado" por haber sido socio y abogado de una prestadora del PAMI en su ciudad natal. Además, la postulación de Lorenzetti fue apoyada por 21 instituciones extranjeras y 85 nacionales. Entre éstas se destacan el Colegio Público de Abogados de Capital Federal, la Federación Argentina de Colegios de Abogados y la Academia Nacional del Derecho. Entre las adhesiones personales que llegaron a su candidatura se contaron las del procurador general de la Nación, Esteban Righi, y numerosos jueces no sólo argentinos sino también brasileños y uruguayos.
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