Diariojudicial: ¿En qué se han basado para lanzar el proyecto “Red nacional por el desarme”?
Sodonei Porterie (FLACSO) : En realidad es una iniciativa reciente, nos estamos reuniendo por primera vez con este objetivo, aunque muchas de las organizaciones que nos juntamos ya hemos estado trabajando en este tema. Algunas porque nos nucleamos dentro de la Red Internacional de Control de Armas Livianas, y en ocasiones anteriores ya hemos estado trabajando sobre esto y otras se están incorporando ahora, como INECIP que se incorporó por esta red en el lapso de este año, pero fundamentalmente nunca nos habíamos encontrado con este fin de conformar una Red Argentina por el Desarme.
Darío Kosovski (INECIP): Las primeras experiencias de la Argentina son en Mendoza, donde hubo un proceso a partir del caso Bordón y Guardati en el 98. Ahora no se está aplicando y quedan los resabios que consisten en discusión en las escuelas sobre el tema, en la semana del desarme mundial que es del 1 al 7 de julio, cuando se hacen actividades en las escuelas, eso sí quedó instalado pero no hay una política en la gestión actual. Y FLACSO Espacios que es la organización que está en Mendoza, e INECIP, convocamos a otra gente interesada como Juan Carr de Red Solidaria que también va a participar, Asociación para Políticas Públicas (APP) que en el momento en que Béliz estaba en la gestión ellos estaban muy vinculados a Béliz impulsando el control de armas desde la Secretaría de Seguridad.
SP: La gestión de Béliz tuvo una participación bastante activa si se quiere por lo menos en lo que promulgaban por intentar instalar el tema dentro del Estado que a nivel nacional no existe, no hay precedentes. El único antecedente importante es provincial y es el de Mendoza. Y lo que hace Lidia de Burri en la provincia de Buenos Aires, que lleva 10 años -no es reciente-, lo que pasa es que es una iniciativa muy valiosa pero individual que no se articula con otras iniciativas de orden nacional u otras ONGs que puedan hacer de esto algo más masivo.
Dju: ¿Guarda relación con el proyecto de Brasil?
SP: Todos estos grupos vienen de hace tiempo, aunque el tema ahora ha tenido si se quiere mayor publicidad. Incluso la semana pasada estuvo el representante del plan de Brasil acá, hablando con el Ministro Filmus, contando la experiencia, y claramente los éxitos que han tenido en la recolección de armas por parte de la población civil. Pero en realidad, no es solamente la recolección de armas; es una cuestión de formación de la población de flexibilización, de concientización de los riesgos que implican la posesión de armas de fuego por parte de civiles.
Dju: ¿Ustedes también planean no solo desarmar sino concientizar?
SP: Es que es imposible desarmar si no se trabaja el otro costado de la política.
DK: No es un plan comunicacional, no es solo un plan de canje, o sea dame el
arma y te doy plata o alimentos o un juguete. Las organizaciones que habían trabajado algo del tema nos empezamos a contactar y vimos que el tema no esta en la agenda del gobierno.
Es un tema que es candente porque tiene un vínculo con la seguridad, pero no se trabaja desde ese lugar; también con la salud que FLACSO lo trabaja muy bien y desde el oficialismo y la oposición no ha habido una actitud para empezar a trabajarlo, entonces dijimos bueno juntémonos las organizaciones que tenemos interés en hacerlo y articulemos para impulsar al gobierno para que no solo lo tome en agenda, sino que además lleve adelante un plan nacional de desarme y un plan de control circulante de armas tanto legal o ilegal. Porque hay un montón de variantes, y son varios los elementos que implican empezar a tener control sobre el mercado legal e ilegal de armas.
Dju: ¿Cuáles son esos elementos?
SP: Uno es por ejemplo el control de stocks de armas que están en depósitos judiciales.
DK: El punto más importante es la cantidad de armas que hay circulando. Usuarios registrados hay alrededor de 800.000 en el RENAR (Registro Nacional de Armas), y esos tienen más de 2 millones de armas registradas legalmente, y se calcula que en el mercado ilegal hay 2 millones de armas más circulando. O sea, hay 4 millones de armas circulando, tenes 36 millones de habitantes se calcula que hay 1 cada 9, lo cual no es un cálculo certero porque hay usuarios que tienen más de una. El punto es que existen una gran cantidad de armas circulando en todo el país, especialmente en las grandes ciudades y el Estado no está haciendo nada con esto, entonces lo que planteamos es que el Estado tiene que transmitir un mensaje a la sociedad de cómo se tiene que gestionar la conflictividad. El Estado es el encargado de gestionar la conflictividad social. ¿Cómo la gestionas en forma violenta o en forma pacífica? Si se pretende gestionar en forma pacífica no se puede permitir que la sociedad civil se arme.
Dju: Lo que ustedes proponen, ¿se va a basar en proyectos que presentarán ante el Congreso o cómo planean desarrollarlo?
SP: Hay varias acciones a discutir y a partir de ahí decidir colectivamente. Hay alguno de estos grupos con los que nos juntamos y hemos tenido más contacto y estamos trabajando en la misma dirección, pero con otros recién estaríamos poniendo sobre la mesa estos temas en esta ocasión, y a partir de ahí la idea es conformar un plan de acción conjunto, una estrategia.
DK: Va a ser una mezcla de varias cosas, el punto es definir la estrategia de fondo, ya que cada organización tiene su propia agenda y su propia visión del tema. Nosotros (INECIP, FLACSO) y la gente de Mendoza, tenemos una visión bastante similar del tema, y hay otras organizaciones de la red -dado que no la pensamos como una red cerrada-, tienen otra visión del tema como es el caso de la Asociación para las Políticas Públicas. Esto está a discutir. Nosotros tenemos una visión bastante radical del tema, en el sentido de que las armas de fuego son negativas, en todo el sentido de la expresión negativa. Generan más violencia, están hechas para matar y nosotros apuntamos en el futuro a la prohibición total de la portación de armas. Como se propone hacer en Brasil que se va a hacer un plebiscito en el 2005, y parece ser que gran parte de la población, cerca del 80 %, estaría avalando la prohibición en la portación de armas.
Dju: ¿En el caso de Mendoza se hacía un canje de las armas por plata?
DK: Nunca fue plata, eso es lo importante, había vales y otros beneficios. En el caso de Lidia de Burri (provincia de Buenos Aires), sí, canjea por dinero. Pero lo que es interesante en el caso de Mendoza y de Brasil, es que lo que cambian son vales equivalentes a un importe determinado, e intentan reactivar el mercado de almacenes, ya que no son vales para comprar en supermercados sino en almacenes. También entradas para fútbol, u otros eventos, o materiales para la construcción de la casa. Por otra parte, hay un plan nacional de desarme, que se discutió la semana pasada en el Senado Nacional, en la Comisión de Seguridad, y uno de los puntos es desmitificar el tema de las armas en manos de los buenos y las armas en manos de los malos. Porque parece que los planes apuntan en general a la población marginal, a la gente pobre, y eso también alimenta el discurso de la seguridad de que los pobres son los que salen a robar. Entonces el punto es que también hay otras medidas como exenciones impositivas para el comerciante que tiene el arma debajo del mostrador del negocio. Una serie de medidas que también discursivamente y a nivel de política pública generen que se desarme toda la sociedad no sólo el que se arma para robar o el que se arme por miedo. Está en discusión el tema del tiro deportivo, ahí es donde reaccionan fuerte los lobbys pro armas.
SP: En Mendoza cuando hacen el plan canje y producen datos estadísticos, que en realidad no se producen tradicionalmente en el país, -sí pasó en el caso de Brasil-, reconocen que en realidad hay más muertes en ámbitos domésticos que en la calle en ocasión de delitos. En realidad, están rebatiendo esto de que uno al armarse consigue defenderse.
Dju: ¿Cómo incide la venta de armas en el desarrollo de los países?
SP: En términos económicos es el costo de la violencia por armas de fuego. Por ejemplo, población económicamente activa que muere es una pérdida en cuanto al PBI, contando también las personas con discapacidades a raíz del uso de armas de fuego. Cómo impacta en la salud pública, la cantidad de recursos que gasta el estado en la perspectiva epidemológica. En realidad el tema es que las armas de fuego no son solamente un problema de criminalidad y delincuencia. Revisten otros riesgos a raíz de la propia presencia del arma, aún en casos en que no haya violencia voluntaria. Al margen de la delincuencia hay otros temas. A lo largo de este año hubo muchos casos que manifiestan esto, de muertes por accidentes. Como por ejemplo las balas perdidas de navidad, o el caso de Carmen de Patagones, menores que tienen acceso a armas de fuego porque sus padres poseen una por varias razones. La presencia del arma siempre es un riesgo implícito en cualquier ámbito familiar o en cualquier hábitat. Es claro que por ejemplo, en períodos en los que inclusive no aumentan los niveles de delitos, sí aumenta la violencia con que se ejerce el delito, aumenta la sensación de inseguridad. Entonces la población tiende a reaccionar de otra manera, esto va generando un círculo vicioso que es peor y cada vez más gente se arma.
DK: Hay estudios que demuestran que la gente que se arma, que es víctima de un robo por ejemplo, tiene mayor posibilidad de ser víctima de un homicidio o de morir en el hecho que una persona que no está armada, porque el que viene a robar cuenta con el factor sorpresa, cuenta con que uno no está preparado para matar a nadie, no tiene interiorizada la situación de ser atacado y eventualmente matar a alguien. Y el que viene a robar quizá tampoco, pero por ahí sí. Además, ve que uno tiene un arma y lo primero que hace es disparar.
Dju: ¿Qué otros problemas advierten?
DK: No hay control de stocks ni control de los depósitos. En Argentina no se sabe donde están las armas, y si se sabe donde están, las tienen los depósitos judiciales, el depósito del RENAR, el depósito del Ejército, etc. Hay una acordada escandalosa de la Corte en el 96, sobre un convenio entre la Corte Suprema y el Ejército por las armas que son incautadas, -no está en la web, no hay registro en ningún lado, sólo se obtiene en la oficina de jurisprudencia de la Corte-. Luego de la acordada hay un escándalo en los depósitos del Ejército donde se roban una cantidad inusitada de armas, y se descubren en el informe de “Punto doc” que muchas de las armas robadas salían del depósito del Ejército. Cualquiera te dice que podes llamar a Campo de Mayo y comprar armas.... es escandaloso el tema de control de stocks. Y uno de los puntos de la acordada que era más grave todavía decía que las armas que pueden ser utilizables aún, luego de terminado el proceso judicial y haber dejado de ser prueba, pueden ser vendidas, o sea que pueden ser subastadas por el Poder Judicial, el punto es que el Poder Judicial mismo, aunque no intencionalmente, está promoviendo la venta de armas. Acordada que no fue derogada, pero sí se sancionó hace poco una ley de creación de un registro de armas incautadas y decomisadas, que establece que las armas que en un proceso judicial se hubiesen incautado y decomisado tienen que ser destruidas en un plazo bastante corto, además tiene que informársele al RENAR, ese es un avance importante, pero lo que es control de stocks todavía deja mucho que desear no tiene las medidas de seguridad.
SP: Son dos puntos, uno es control de stocks y otro es condiciones de los depósitos. En La Plata, a principios de año, hubo un robo en un juzgado del fuero penal, de armas que estaban en los depósitos sin ningún tipo de control de seguridad, y se llevaron alrededor de 50 armas. Además, las manejan en el mejor de los casos los meritorios, es decir, personas que no están capacitadas para este manejo.
Dju: ¿No se supone que es el RENAR quien debe fiscalizar el control de stocks de armas?
SP: Sí, pero está bastante mal hecho. Ahí se superponen varias jurisdicciones y competencias, de los entes de cada provincia como puede ser el REPAR en la provincia de Buenos Aires, y también con Justicia, que tiene sus propios depósitos también.
Dju: ¿Cómo ven el funcionamiento del RENAR?
DK: Es escandaloso, porque desde el 94 que el RENAR ya no tiene más presupuesto propio. Depende y está bajo la órbita del Ministerio de Defensa, entonces esto está vinculado con una concepción de la seguridad vieja, dictatorial, que tiene que ver con la seguridad como seguridad interior vinculada a lo castrense. Que pasa, Justicia, Seguridad y el Ministerio del Interior no generan políticas públicas con eso, meramente existe un ente que es el RENAR lo único que hace es fiscalizar, controlar -mal por cierto-, y otorgar credenciales de legítimos usuarios y se financia además con eso. Es lo mismo que promover la venta de armas, ya que el mismo que tiene que controlar se financia otorgando permisos para portar armas. Uno porque no tiene presupuesto propio y otro porque se rige por la ley de entes cooperadores técnicos que terceriza la administración del RENAR, en ALCACYP, que es la Asociación de Caza y Pesca. Ésta, tiene la tercerización del otorgamiento de credenciales de legítimos usuarios, y a partir de ahí se queda con una parte ALCACYP, y el RENAR se financia con eso.
SP: Además bajo la figura de organismo meramente organizativo, porque el RENAR aparece con estas características, se pasa por alto la necesidad de formular política pública en la materia.