Vázquez, quien votó en disidencia el proyecto de gastos estimados por la Corte para el 2002, así como su elevación a más de 686 millones de pesos (una cifra sensiblemente inferior al presupuestos estimado por el Consejo de la Magistratura), propuso en su voto devolver el proyecto elaborado por ese cuerpo a fin de que “se adecuen las necesidades de gastos del Poder Judicial de la Nación –dentro del marco regulatorio dispuesto por la ley 25.453- priorizando los rubros que hacen a la efectiva prestación de justicia en desmedro de aquellos que sólo prevén el incremento de los niveles burocráticos”.
En su pronunciamiento, Vázquez trazó una evolución histórica del incremento de gastos de la Justicia apuntando a “una serie de modificaciones legislativas que se han incorporado en la órbita del Poder Judicial” y que “generaron el incremento de gastos sin que ello se traduzca en una real y concreta mejora en el servicio”.
En tal sentido, enumeró, dentro de la puesta en marcha del Código Procesal Penal de la Nación, la implementación de la oralidad, el aumento del número de jueces de la Corte, con su consiguiente infraestructura, la creación de la Cámara Nacional de Casación Penal, el aumento de jueces federales, tribunales orales y cámaras de apelaciones, así como también el desdoblamiento del Ministerio Público y la puesta en funcionamiento del Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Vázquez apuntó sus dardos a estos últimos dos cuerpos, y recordó que en un anterior pronunciamiento suyo, en ocasión de la acordada 16/01 había advertido acerca de la necesidad de que “las partidas de presupuestos asignadas a dichos organismos fueran analizadas con particular detenimiento a fin de establecer la disminución” de las mismas.
Dicho planteó había sido formulado “en virtud de que fundamentalmente el Jurado de Enjuiciamiento no se encuentra realizando, en la actualidad, juicio de remoción alguno” y “desde su puesta en funcionamiento hasta la fecha, sólo ha tenido que intervenir en dos procesos”.
Dicha actividad, entiende el alto magistrado, “marca un nivel inaudito de costos para mantener una estructura permanente de personal, equipamiento y bienes que no se compadece con la efectiva prestación del servicio que debe realizar, máxime en la situación de emergencia económica y financiera por la que atraviesa el sector público”.
En este caso Vázquez propuso “la implementación de jurados ad hoc, tal como existen en la legislación comparada y en otras jurisdicciones del país.
Pero más duro aún fue respecto de los gastos que, a su entender, ocasiona el Consejo de la Magistratura debido a “la numerosa planta de funcionarios, empleados y asesores con que cuenta dicho organismo”, advirtiendo al respecto que “tal hipertrofiada estructura no ha podido lograr que el método de selección de magistrados por concurso sea lo suficientemente efectivo y rápido para cubrir las más de 130 vacantes existentes en los diversos tribunales en los últimos años”.
A renglón seguido, Vázquez cuestionó la forma en que se asignan los recursos del “exiguo presupuesto del Poder Judicial” y “la injusticia con que se proyectan ejecutar las partidas de presupuesto previstas para el próximo año”.
A modo de ejemplo, alertó que el actual proyecto de presupuesto “no cuenta con partidas específicas para atender la creación de las plantas de equipos interdisciplinarios que deben asistir a los tribunales de familia y de menores para mejorar el servicio que prestan, pero sí cuenta con una partida importante destinada a la creación de cargos para la Comisión Auxiliar Permanente de Reglamentación en la órbita del Consejo de la Magistratura”.
“Dicho en otras palabras –concluyó-, sí hay presupuestos suficiente para un órgano que redactará reglamentos burocráticos, pero no lo habrá para apoyar a los magistrados que deben trabajar con situaciones de conflicto actual y potencial en los juzgados de familia y de menores”.
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