Aumentan penas para funcionarios corruptos

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó en la sesión de este miércoles un proyecto que contempla la modificación del Código Penal en su artículo 256 estableciendo que los funcionarios de mayor jerarquía que recibieran una dádiva sufrirán una pena de reclusión o prisión de 3 a 8 años e inhabilitación especial perpetua. Sin embargo, la primer parte del artículo, que se refiere a los funcionarios públicos de menor jerarquía, seguirá vigente. La iniciativa había sido presentada (D-0088-04) el 1 de marzo del corriente año por los diputados nacionales Mirta Pérez y Carlos Dellepiane, pero sufrió modificaciones antes de llegar al recinto.

El artículo 256 actualmente prevé una pena de 1 a 6 años para los mandatarios y funcionarios que “por sí o por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones”. La modificación aprobada aumenta la pena de 3 a 8 años para los funcionarios de mayor jerarquía, es decir, el Presidente, el vicepresidente de la Nación, los gobernadores, el jefe de gobierno o algún ministro, legislador o intendente, lo que no estaba previsto hasta el momento.

Uno de los autores del proyecto, la diputada Mirta Pérez, se mostró optimista en cuanto a la sanción definitiva de la iniciativa, la cual será girado al Senado para su tratamiento, dado que “el voto afirmativo no es más que traducir en hechos concretos lo que la dirigencia política propaga habitualmente en todos sus discursos.”. “Aquí no se trata de partidismos, en esto estamos todos involucrados y demostrar nuestra buena fe a través del compromiso real que implica aplicar sanciones a los funcionarios a través de la modificación del Código Penal, constituye un paso fundamental para reivindicar a la clase dirigente y asumir con el debido compromiso la responsabilidad que nos infiere la comunidad a través de su voto”, afirmó en un comunicado.

Además, los diputados aprobaron este miércoles un proyecto que declara inembargables los fondos públicos provinciales y municipales. La norma ya está vigente a nivel nacional y la idea es hacerla extensiva al interior del país, ya que hay muchas provincias que a diario sufren embargos y tienen cuentas bloqueadas por orden judicial.

La idea que fue impulsada por la diputada de Entre Ríos, Blanca Inés Osuna y el salteño Juan Urtubey, quienes a la hora de la redacción de la norma tuvieron muy en cuenta el caso de Mendoza. La iniciativa no exime al Estado de realizar los pagos en el caso de que exista un pronunciamiento judicial, sino que permite que ese pago se incluya en el ejercicio presupuestario siguiente siempre que exista una sentencia firme.

“Acá lo que se hace es ampliar el beneficio nacional a las provincias. Nos preocupaba mucho la alta litigiosidad que existe en el interior. Si esto se usa como una industria del juicio al Estado le dificulta el ordenamiento de las cuentas”, explicó la diputada Osuma.

La ley tiene un solo artículo. “Declárase aplicable a las provincias y municipios, con relación a los fondos públicos que les pertenecen, el régimen de inembargabilidad establecido en los artículos 19 y 20 de la ley N° 24.624 y normas complementarios o posteriores que en el futuro las sustituyan”.

Si la norma logra sanción definitiva, ante un nuevo embargo, el Estado provincial podrá solicitar al tribunal que ordene la restitución del dinero que fue paralizado o transferido a cuentas judiciales. Además, el Gobierno deberá contemplar el pago del monto dictaminado por el juez en una partida especial del Presupuesto del próximo año. En esa partida el Ejecutivo deberá incluir el monto correspondiente a todas las condenas contra el Estado con un riguroso orden de entradas de acuerdo a la fecha de resolución.

Este escenario será válido para conflictos que tengan sentencia firme, como es el caso de la pulseada que Mendoza mantiene con los jueces por la indexación salarial. En esa provincia, la administración del gobernador Cobos tiene 11 millones bloqueados por esa causa por orden del conjuez Luis Cuervo.

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