Es que en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se firmaron la semana pasada convenios con los representantes de esos distritos para poner en marcha allí, a principios del año próximo, el proyecto "Casas de Justicia" que busca orientar y facilitar la solución de conflictos de menor cuantía.
El emplazamiento de Casas de Justicias en los municipios se extenderá a otras localidades en el país. Las localidades elegidas tendrán altos niveles de densidad de población, distancia de las cabeceras departamentales judiciales, disponibilidad de recursos judiciales: abogados, mediadores, trabajadores sociales. Al parecer ya estarían confirmadas las localidades de Cippolleti, en Río Negro, y de Tafí Viejo, en Tucumán.
Según explicaron en la cartera a cargo de Horacio Rosatti, hay muchas razones por las cuales la gran mayoría de la población se siente alejada de la Justicia. Pero en la lista de factores de esa circunstancia figuran el hecho de que los ciudadanos no conocen sus derechos, ni los mecanismos institucionales para hacerlos valer, o los altos costos que implica contratar un abogado en combinación con la ausencia de una eficaz coordinación entre los centros de asistencia jurídica gratuita.
A ese panorama, se suma la complejidad de los procesos judiciales y, en muchos casos, las distancias que hay entre los tribunales y las zonas marginadas. Es en ese marco que Rosatti puso en marcha la creación e implementación de estas Casas de Justicia, que brindarán atención social, asistencia jurídica, servicios de mediación y derivaciones, si es así lo requiere el caso. "Con las Casas de Justicia, los sectores postergados de la sociedad que no conocen sus derechos ni las vías institucionales para hacerlos valer podrán incorporaran métodos alternativos a la resolución de sus conflictos", explicaron los encargados del proyecto.
Por lo pronto, ya se estableció que los primeros habitantes que estrenarán estas Casas de Justicia serán los vecinos de las de Moreno, en el Gran Buenos Aires; de Guaymallén, en Mendoza; y de General Pico, en La Pampa. La secretaria de Justicia y Asuntos Legislativos, María José Rodríguez, se encargó de combinar con los responsables de esos municipios la cesión de los inmuebles en los que funcionarán las Casas de Justicia, cuya apertura está prevista para principios del año próximo.
El Ministerio tendrá a su cargo la dirección centralizada de las Casas de Justicia, hará su monitoreo y determinará los ajustes que correspondan a medida que se vayan reportando los resultados del proyecto.