El juez federal Jorge Urso pidió este viernes a la Procuración General de la Nación el desafuero de los fiscales Norberto Quantin y José María Campagnoli, para indagarlos en la causa en que se investiga la ocupación de la comisaría 24, en el barrio porteño de La Boca. La solicitud del magistrado sobrevino luego que Quantin, ex secretario de Seguridad, y Campagnoli, ex subsecretario del área, faltaron a las sucesivas citaciones a prestar declaración indagatoria. Urso quiere interrogar a Quantin y Campagnoli por los hechos ocurridos la noche del 25 al 26 de junio último en la seccional boquense, ocupada por el diputado y piquetero Luis D´Elia, para luego determinar si podrían haber incurrido en el delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público". Como luego de su paso por el Gobierno, Quantin volvió a su cargo de fiscal de la Cámara del Crimen y Campagnoli es fiscal barrial en La Boca, además de haber obtenido un visto bueno a su pedido de habeas corpus, ahora el juez está obligado a pedir el desafuero al procurador Esteban Righi. El jueves Urso libró un oficio similar pidiendo a la Cámara de Diputados bonaerense el desafuero de Luis D´Elia, de cara a su posterior detención a fines de tomarle declaración como imputado de una decena de delitos, entre ellos, el de privación ilegítima de la libertad.
Córdoba: designan jurados populares
En la Sala de Audiencias del Tribunal Superior de Justicia se llevó a cabo el sorteo informático mediante el cual fueron seleccionados los 1500 ciudadanos que podrán ser convocados como jurados populares en los juicios orales y públicos, cuyos nombres se conocerán recién con la publicación en el Boletín Oficial, el próximo martes. El sorteo fue realizado por medio de un sistema informático provisto por la Lotería cordobesa y de esta forma quedó conformado el listado de personas que quedarán a disposición de la Justicia para integrar jurados populares, salvo que entre las designadas se encuentren abogados, magistrados, o personas como tales que no puedan conformarlos. Los juzgados populares cuya participación es una carga pública, juzgaran a los imputados por delitos aberrantes y de corrupción pública y financiera.
Recomposición salarial
El Consejo de la Magistratura porteño acaba de crear, mediante la resolución 817, una comisión para el estudio de la recomposición salarial de los magistrados del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mediante múltiples presentaciones, las entidades representativas de los jueces de ambos fueros e instancias del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, han solicitado la recomposición de sus remuneraciones y la adopción de diversas medidas vinculadas a sus condiciones laborales. La comisión estará integrada por tres miembros del Consejo de la Magistratura, uno por cada estamento, y por los presidentes de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (MAFUCABA) y de la Asociación de Magistrados e Integrantes del Ministerio Público y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Consejo de la Magistratura dispuso además invitar a participar de dicha comisión a la Secretaria de Hacienda y Finanzas del Gobierno de la Ciudad, y al presidente de la Comisión de Presupuesto de la Legislatura local; e instruir a la Dirección de Programación y Administración Contable para que preste apoyo y colaboración a la comisión en los aspectos técnicos de su cometido. (Texto completo de la resolución al final)
Acceso a la justicia
El evento, que se desarrolló entre jueves y viernes de esta semana en la Facultad de Derecho de la UBA, contó con la participación de importantes panelistas como el presidente de la Corte Suprema, Enrique Petracchi, y el ministro de Justicia, Horacio Rosatti. El evento estuvo organizado por la asociación civil Unidos por la Justicia y la fundación Konrad Adenauer y se concretó a través de distintos paneles a lo largo de sus dos jornadas. Del acto de apertura participó el ministro de Justicia, mientras que para el cierre, el viernes, fue convocado el vicepresidente Daniel Scioli. El objetivo del seminario, según sus organizadores, fue convocar a operadores del sistema, que tengan miradas diferentes sobre la problemática del acceso a la Justicias, a fin de colaborar en la generación de políticas destinadas a asegurar una Justicia accesible que cumpla con su rol Institucional y social como garante de los derechos y deberes individuales y colectivos, en un contexto de muy alta demanda de Seguridad Jurídica, previsibilidad y mejora de la calidad institucional.
Advertencia
Las salas de bingo y el hipódromo de Mar del Plata tendrán que colocar, tal como ya lo hizo el casino de esta ciudad, carteles que adviertan a los apostadores sobre el riesgo del juego compulsivo para su salud. Así lo dispuso una resolución del juez en lo Civil y Comercial Enrique Arbizu, que hizo lugar a un recurso de amparo presentado por el abogado marplatense Daniel Romeo que reclamaba que las personas en peligro de sufrir la ludopatía puedan solicitar a las autoridades que les prohíban el ingreso a las salas de juego. Además, el magistrado dispuso la creación de un registro voluntario destinado a las personas que deseen que la autoridad del juego prohíba su ingreso a las sala oficiales.
Discriminación
Seis meses después de que la Corte Suprema le quitara la tenencia de sus tres hijas por convivir con su pareja lesbiana, la Juez de Garantía de Los Andes, Karen Atala decidió recurrir el fallo y demandó al Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En la presentación en Washington, Karen Atala acusó al Estado de quebrantar sus derechos y afirmó que esas violaciones han generado para ella y para sus hijas graves perjuicios y daños morales. Argumentó que se vulneraron sus derechos esenciales y se violó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por Chile en 1990. Concretamente señala que el fallo de la Sala IV de la Corte Suprema viola el 1º de la Convención, que establece que los estados se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. La denuncia primero será analizada por la comisión y luego, si el organismo lo considera pertinente, remitirá los antecedentes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, resolución que se convertirá en un leading case.