04 de Noviembre de 2024
Edición 7084 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 05/11/2024

Hacer trabajar a presos no atenta contra derechos constitucionales

El 78% de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires cree que el trabajo obligatorio en las cárceles no atentaría contra los derechos constitucionales. Así lo revela una encuesta elaborada por el Ministerio de Justicia sobre la base de 424 llamados telefónicos. El estudio indagó sobre las opiniones y los conocimientos de la ciudadanía respecto al trabajo de los reclusos.

 
El trabajo en las cárceles se convirtió, sin duda, en uno de los pilares del ministro de Horacio Rosatti desde su asunción en la cartera de Justicia y Derechos Humanos. Los avances en la materia, desde ese momento son significativos. Actualmente, todas las cárceles federales generan algún producto. La gama de ofertas es muy variada: muebles, dulces, uniformes, calzado, etc. Los presos que trabajan reciben a cambio un sueldo y una capacitación indispensable para su futuro personal.

Dentro de este marco, el Ministerio de Justicia acaba de realizar una encuesta, a la cual tuvo acceso este medio en forma exclusiva, para sondear el conocimiento y las opiniones de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires. Según ese estudio estadístico, el 78% de los encuestados desconoce lo que es el trabajo en las cárceles. Sin embargo, el 97% está de acuerdo con que los condenados trabajen o realicen alguna actividad productiva dentro de los penales.

Además, el 78% de la muestra opinó que el trabajo en las cárceles debería ser obligatorio, mientras que algo más del 17% cree que tiene que ser una actividad voluntaria. Consultados acerca de los trabajos que deberían hacer los reclusos, en caso que trabajar fuera obligatorio, la mayoría de los encuestados priorizó las tareas comunitarias o que trabajen para la sociedad, permitiendo su re-socialización. Algunos de las actividades propuestas son la producción de obras públicas, el trabajo forzado en las canteras, trabajos para mejorar la ciudad, construcción de caminos, arreglar calles, etc.

A pesar de las respuestas anteriores, nueve de cada 10 encuestados dijo que consumiría productos fabricados o realizados por los condenados, mientras que el 46,7% sostuvo que el dinero que reciben los presos por las tareas realizadas debería ser destinado al cuidado de sus respectivas familias. Sólo un 20% de la muestra cree, que debería utilizarse para sostener su situación en el sistema carcelario.



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