Al hacer uso de la palabra, el senador Gerardo Morales (UCR), aclaró, desde un primer momento, que el bloque de la UCR no estaba de acuerdo con el tratamiento del pliego. “No hay objeción de tipo personal, ni siquiera respecto de los antecedentes del propuesto. Pero sí se ha detectado una irregularidad en el trámite con relación al cumplimiento del artículo 99, inciso 4), de la Constitución Nacional, en tanto ella exige que el Consejo de la Magistratura eleve ternas al Poder Ejecutivo, para que a partir de ello, se haga la propuesta al Senado”, sostuvo.
El conflicto al que hizo referencia el senador jujeño es de larga data. Morín había integrado la terna para la sala I de la Cámara Federal junto a Eduardo Freiler, aunque había quedado en el cuarto lugar en el orden de preferencias. Pero también participó en el concurso previsto para la cobertura de seis vacantes en los tribunales orales en lo criminal de la Capital Federal. Luego Morín renunció a la terna para el Tribunal Oral.
Sin embargo, el presidente Kirchner ratificó a Freiler para la Cámara Federal, dejando afuera al titular de la OA. Por ese motivo, el pliego de Morín para el Tribunal Oral fue enviado nuevamente al Senado pero la terna ya no la compartía con otros dos candidatos porque uno de los jueces había sido designado, en el ínterin, para otro cargo.
Para Morales, esta situación provocó que "el presidente de la Nación, en lugar de considerar una terna, ha tenido en sus manos la posibilidad de contar solamente con un binomio. Es decir, solamente dos propuestas”, incumpliendo los preceptos del artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional. “A nosotros nos parece que la mejor salida, compartida con algunos senadores que también participan de la Comisión de Acuerdos, es la devolución de este pliego al Poder Ejecutivo, para que este le requiera al Consejo de la Magistratura que complete la terna y, entonces, cumplir con lo preceptuado por el artículo 99, inciso 4, de nuestra Carta Magna, de manera tal que aparezca la propuesta de un tercer nombre y, así, no afectar derecho de persona alguno”.
A su turno, el senador Gómez Diez adhirió a la propuesta de Morales por los mismos expuestos por el radical. ”Corresponde que el Poder Ejecutivo nacional le pida al Consejo de la Magistratura los nombres de las dos personas que han resultado seleccionadas en el concurso de manera subsiguiente, para así poder completar la terna y practicar la elección conforme la Constitución Nacional”, dijo.
No obstante, el presidente de la Comisión de Acuerdos, Jorge Yoma sostuvo que el planteo es “absolutamente incorrecto”. Yoma explicó que “al ser un concurso múltiple y muchos de los magistrados participar en distintas ternas, se dan naturalmente distintas reubicaciones en el Poder Ejecutivo —no en el Consejo de la Magistratura—, como consecuencia de situaciones absolutamente normales”. Además, en diálogo con este medio, ratificó que “cuando el Ejecutivo hizo uso en primera instancia de la opción por el doctor Morín, existía terna. Luego, con posterioridad, se dio esta circunstancia del retiro del pliego y del reenvío por parte del Poder Ejecutivo”.
Debido a que no se obtuvieron los dos tercios correspondientes para tratar el pliego, quedo pendiente la resolución de este conflicto para el mes de febrero cuando retomen sus funciones los legisladores. Tal como lo explicó Yoma a este medio, “la solución, ahora, puede llegar por un acuerdo con el bloque radical o consiguiendo las ocho firmas necesarias dentro de la Comisión”. Hasta el momento, las firmas disponibles son seis, por lo cual estarían faltando sólo dos para otorgar el dictamen al pliego.
En tanto, en la sesión del jueves lo senadores sí aprobaron el pliego de nueve jueces y de dos fiscales que ya habían pasado por la instancia de la audiencia pública correspondiente y contaban con el dictamen de comisión.
Los jueces nombrados son: Luis Alavrez Juliá en la sala “C” de la Cámara de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal; Juan M. Cultota como juez federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Tres de Febrero; Oscar H. Rebaudi Basavilbaso en la Cámara de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala “L”; Marta del Rosario Mattera en la Sala “J” del mismo tribunal; Héctor Alberto Zucchi como juez federal de Primera Instancia N° 1 de Rosario; y María Isabel Fernández en el juzgado de Primera Instancia del Trabajo N° 6 de la Capital Federal.
Además los senadores aprobaron los pliegos de Alejandra Magdalena Gils Carbó como fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial; Adriana Claudia Cammarata a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social N° 8 de la Capital Federal; Ana María Rojas, en el juzgado federal N° 4 del mismo fuero; Marcelo Darío Fernández como fiscal federal ante los juzgados federales de primera instancia de Morón, Fiscalía N° 2; y Claudio Ramos Feijoo en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala B.