Hace poco tiempo se suscitó una controversia judicial en Georgia, debido a una calcomanía adherida a los libros de biología advirtiendo acerca de que la evolución es una teoría, no un hecho y que debía ser considerada con una visión crítica.
Para los demandantes esto implica una afectación de la Primera Enmienda a la Constitución, la cual establece que el Congreso no dictará ninguna ley para el establecimiento de una religión o que prohíba el libre ejercicio de las mismas. En el juicio se citó a mas de veinte científicos que alegaron que la evolución es una teoría en crisis y que se trata de una controversia viva y en crecimiento.
Los demandantes, padres de los estudiantes y, también, la ACLU, sostienen que los adhesivos implicaban una determinada adscripción religiosa; porque, las explicaciones alternativas de la creación se fundan en creencias religiosas no científicas.
El baremo para determinar si el gobierno, a través de las escuelas públicas, trata de influir sobre las creencias religiosas de los alumnos fue establecido en le caso “Lemon v. Kurtzman” (403 U.S. 602 -1971-), el mismo se compone de tres criterios: (1) si el acto resulta en un adoctrinamiento gubernamental, (2) si se define por medio de la referencia a una religión y (3) o si crea una excesiva implicación entre gobierno y religión. Igual pulso resulta del, más reciente, caso “Mitchell v. Helms” (530 U.S. 793, 808 -2000-).
En el caso de la calcomanía de Georgia no era claro cómo se inducía a que se adopte una postura religiosa determinada. Por ello la Corte de Distrito consideró que, además del texto, debe analizarse el contexto en el que se inserta; el cual puede ser determinante para la comprensión del caso.
El caso de Pennsylvania parece girar en derredor del contexto, si las versiones alternativas no se encuentran dirigidas a la visión de una religión en particular no habría inconveniente de analizar la teoría de la evolución con “una mente abierta”.
Aún cuando el cuestionamiento a la teoría de la evolución es minoritario en el ámbito científico, el debate ha pasado a los estrados judiciales, donde se deberá decidir hasta donde la enseñanza pública puede ser pluralista y por donde pasa la línea que divide el deber del Estado de no imponer una religión y de no prohibir el ejercicio de las mismas.