Gómez, que además pidió ser tenida como querellante, imputo el delito de homicidio, a Chabán, Ibarra, López y demás funcionarios reservándose el derecho de individualizar en el futuro a los funcionarios del Gobierno Nacional, Ministerio del Interior, responsables o dependientes de la Superintendencia Federal de Bomberos, Departamento de Seguridad contra Incendios y Riesgos Especiales de la PFA.
Según relató el 30 de diciembre su hijo Fernando dejó su lugar de trabajo habitual (un locutorio en la localidad de Munro) a las 18:00, para concurrir con un grupo de amigos al recital que daría "Callejeros". Alrededor de las 23.00 la familia tomó conocimiento por el canal televisivo "Crónica TV" que se estaba incendiando el lugar donde se estaba desarrollando el recital y de inmediato se movilizaron hacia esa zona.
Lo buscaron en las inmediaciones infructuosamente, y luego de empezar a comprender la magnitud de la tragedia, comenzaron un peregrinaje por distintos hospitales con la esperanza de hallarlo. Según la presentación, y de acuerdo al relato de sus amigos, Fernando logró salir del local incendiado, al que volvió a ingresar en dos oportunidades para ayudar a quienes permanecían atrapados dentro. En dos oportunidades entró y sacó sendas personas. La tercera vez que entró al lugar el gas tóxico terminó con él.
Para Gómez, aún sin haber compulsado los elementos probatorios ya colectados en la instrucción, las conductas reprochadas encuadran prima facie en la figura del homicidio simple. Según la mujer, el suceso mortal que cobró hasta al presente 190 víctimas, entre ellas su hijo, no fue un “hecho fortuito” por el que nadie tiene que responder, ni un hecho culposo cometido por simple negligencia, imprudencia o inobservancia de reglamentos.
Para ella cada todos, y cada uno, de los denunciados realizaron u omitieron cumplir la porción que les correspondía, siendo a la vez conscientes de que sus actos y omisiones conducían con altísimo grado de probabilidad a un resultado fatal, aunque no lo desearan.
Por su parte, Sergio Giovannini y Susana Perri, también pidieron ser tenidos como querellantes, al ser hermano y madre respectivamente de Carla Giovannini, que al igual que el otro chico, murió el 30 de septiembre como consecuencia del incendio del local de once.
Según éstos “no son en vano caprichosas ni políticas las acusaciones contra quien debe velar por la seguridad como es el caso del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”, ya que según completaron Ibarra tiene a su cargo la tarea de “controlar cada uno de los lugares públicos donde concurren cada día cientos de jóvenes”.
En tanto, le informaron al juez que “parecería haber una fuerte campaña desde el Ejecutivo Municipal en complicidad con varios medios de comunicación para mostrar como único y absoluto responsable al denunciado Chabán”.
Ahora la juez, que ayer pidió trabajar sólo en esta causa, deberá analizar las presentaciones y ver si acepta a éstos familiares como querellantes en el expediente, que hasta el momento tan sólo tiene como único imputado y detenido al empresario Chabán.