La procuradora de la Provincia de Buenos Aires, María del Carmen Falbo pidió a la Suprema Corte de Justicia bonaerense que postergue la entrada en vigencia de la nueva Ley de Protección Integral del Niño, "hasta que el Poder Ejecutivo estructure los organismos que prevé esa norma". En un escrito presentado ante el máximo Tribunal, Falbo pidió la "suspensión de las disposiciones transitorias que imponían, entre otras cosas, la derivación de las causas asistenciales de los juzgados a órganos administrativos". "En tanto el Poder Ejecutivo no designe la autoridad de aplicación y estructure los organismos administrativos centrales la entrada en vigencia de la ley pone en situación de desprotección a los niños y jóvenes de la provincia que vean violados o amenazados sus derechos", sostuvo. La nueva ley de menores sancionada a fines de diciembre del año pasado otorga a los adolescentes acusados de cometer delitos las mismas garantías procesales que los adultos. La iniciativa, que iba a entrar en vigencia la semana pasada, deroga el decreto Ley 10.067 de la última dictadura militar y crea un nuevo régimen de Protección Integral de los Derechos del Niño y el Adolescente, en el que “desjudicializa” las causas asistenciales.
Scilingo en videoconferencia
Este lunes a las 12 debía comenzar, en los tribunales de Comodoro Py, una ronda de testigos que declararán en el juicio que se lleva adelante en España contra el ex represor, Adolfo Scilingo. Sin embargo, el comienzo la ronda quedó postergada para mañana ya que Ernesto Sábato, el primer testigo, no concurrió a la cita, tal como habían adelantado desde su entorno. Los más de 60 testigos, entre los que se encuentran Hebe de Bonafini, Marta Maffei y Víctor De Gennaro, prestarán su testimonio a través de un sistema de videoconferencias instalado en el Salón en el que se llevó adelante el juicio de la AMIA. Calculan que a partir de mañana los testigos oscilaran entre 5 o 6 por día. Todos los días de febrero (salvo el 14, 18 y 25), entre las 12 y las 18 horas, los testigos pasarán por los tribunales federales a dejar su testimonio. Ese proceso finalizaría el 2 de marzo.
Por ahora las Tabacaleras no deberán indemnizar al gobierno norteamericano
La Corte de apelaciones del distrito de Columbia, -Estados Unidos- desestimó una querella civil en contra de las empresas tabacaleras que habían sido demandadas por el gobierno de ese país por 280.000 millones de dólares en ganancias pasadas. El Departamento de Justicia había demandado a las tabacaleras en 1999 por violar la ley federal sobre crimen organizado (RICO, en inglés), acusándolas de conspirar durante cinco décadas engañando al público acerca de los peligros de fumar. El gobierno ha buscado recuperar fondos del sistema de salud usados en el tratamiento a fumadores enfermos. El caso sigue en un tribunal en Washington. Asimismo, la decisión no ha terminado con el juicio, el cual se halla en trámite desde el 21 de septiembre de 2004. Las empresas habían argumentado en su apelación que la entrega de ganancias no estaba autorizada por ley, ya que para obtener reparaciones a través de la ley RICO, el gobierno debía demostrar no sólo que las firmas habían actuado fraudulentamente, sino que también lo harían en el futuro. La nueva decisión fue en contra de otras dos cortes de apelaciones federales que habían permitido al gobierno buscar reparaciones para “prevenir e impedir” futuras violaciones a la ley. El desacuerdo entre las cortes establece una posible base para una apelación ante la Corte Suprema estadounidense.