28 de Junio de 2024
Edición 6995 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 01/07/2024

Solicitan la inconstitucionalidad del decreto 1735/04 y la ley 26.017

Un abogado argentino promovió una acción de amparo con ese fin en el fuero Contencioso Administrativo. Argumentó que no puede cobrar honorarios de un juicio en bonos y que las normas ignoran derechos constitucionales. La ley 26.017, impide realizar una nueva oferta de canje de la deuda en default luego de la fecha de cierre, lo que ocurrió el pasado 25 de febrero.

 
Enrique Máximo Coria, promovió una acción de amparo contra el decreto 1735/04 y la ley 26.017 por considerar que tales normas violan “de manera manifiestamente ilegal y arbitraria” los artículos 14,17,18 y 28 de la Constitución Nacional. El abogado jubilado -con 50 años en la matrícula- solicitó que se suspenda la aplicación de las normas en cuestión, “hasta llegar a la sentencia definitiva del presente proceso, y así poder evitar los graves perjuicios que la aplicación de esta normativa me traerían al desconocer los derechos y garantías constitucionales antes mencionados”.

La ley 26.017, publicada en el boletín oficial el viernes 11 de febrero, establece en su artículo 6 que “los bonos del Estado nacional elegibles de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto Nº 1735/04, depositados por cualquier causa o título a la orden de tribunales de cualquier instancia, competencia y jurisdicción, cuyos titulares no hubieran adherido al canje dispuesto por el decreto antes citado o no hubieran manifestado, en forma expresa, en las respectivas actuaciones judiciales, su voluntad de no adherir al mencionado canje antes de la fecha de cierre del mismo, según el cronograma establecido por el referido decreto Nº 1735/04, quedarán reemplazados, de pleno derecho, por los "BONOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA A LA PAR EN PESOS STEP UP 2038", en las condiciones establecidas para la asignación, liquidación y emisión de tales bonos por el Decreto Nº 1735/04 y sus normas complementarias.

Coria resaltó en su escrito que ya se encuentra retirado de su profesión luego de haber sufrido dos accidentes cerebro vasculares que lo dejaron postrado por el resto de su vida. Además relató que en 1986 inició un juicio contra el BCRA que tramitaba ante el Juzgado Nacional Contencioso Administrativo Nº4 y que después de 6 años, recién en 2003, la Caja de Valores le expidió los bonos de consolidación de deuda serie 5º (pro 9) en concepto de honorarios.

“Trate por todos lo medios de conservar dichos bonos, para cobrarlos a su vencimiento, pero cuando faltan sólo dos años para concertar mi merecido reconocimiento laboral, el Estado “inventa” la fórmula mágica para la salida del default ignorando por completo derechos fundamentales insertos en la Constitución Nacional”, aseguró Coria en un escrito al que tuvo acceso a este medio.

“La propuesta forzosa que hace el Estado para el canje de bonos, no deja alternativas de negarse, puesto que no garantizan el pago a aquellos que no se adhieran al canje”, agregó, al tiempo que aclaró que el Estado Nacional “intenta salir de este estado de cesación de pagos con normas que no proponen otra cosa sino que la misma cesación de pagos, encubierta, claro está, con propuestas compulsivas y altamente desventajosas para sus acreedores”.

dju / dju
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