El mismo día en que el Tribunal Oral N° 26 se disponía a emitir el veredicto en la causa que se sigue contra Miguel Romano acusado de integrar una asociación ilícita que cometió fraudes mediante el uso de tarjetas de crédito, se dio un sorprendente giro de las circunstancias.
El mismo tribunal anuló todo el juicio disponiendo la liberación de todos los cargos al peluquero y a los otros 13 acusados por los mismos hechos. El inusitado giro se dio cuando el tribunal declaró la nulidad de las escuchas telefónicas que sirvieron de evidencia para entablar todo el proceso de instrucción al aplicar la doctrina de los frutos del árbol envenenado para determinar que todo el juicio se vio viciado por este hecho y así dispuso su anulación.
Reforma penal
La juez de la Corte Suprema Carmen Argibay aseguró que la reforma del Código Penal “es una prioridad” para el funcionamiento de la Justicia. “Por lo pronto tenemos que incorporar al Código Penal, o en algún otro cuerpo legal similar que puede llamarse de Derecho Penal Internacional, todos los delitos internacionales: genocidio, los crímenes de guerra y contra la humanidad”, dijo.
En declaraciones al programa radial “Chicas de ley” recordó además que “nosotros hemos firmado y ratificado la Corte Penal Internacional que trabaja con el sistema de la complementariedad”. Asimismo manifestó que “hay que adecuar” el Código ya que desde 1921 “ha habido reformas aisladas que a veces modifican su estructura”. Consultada acerca de su primeros días en la Corte, Argibay aseguró que no recibió presiones. “Todo el mundo sabe que no soy una persona presionable y que si intentan presionarme se van a encontrar con una pared”, dijo.
Por otra parte, contó que le llueven cartas, todos los días, pidiendo la intervención de la Corte en diferentes temas y destacó que esto sucede porque “la gente no sabe que hay cosas en que podemos intervenir y otras no, porque están en los tribunales competentes” “Hay mucha gente desesperada y uno entiende esa desesperación, pero hay cosas que necesitan su tiempo”, expresó.
Identificación de llamados
El Senado bonaerense dio media sanción a un proyecto para identificar llamadas telefónicas procedentes de Unidades del Servicio Penitenciario provincial antes de establecerse la comunicación. El proyecto está en consonancia con el decreto nacional que instó a empresas de telefonía fija y móvil para implementar el sistema en cárceles federales y tiende a perfeccionar las herramientas de lucha contra el delito y la criminalidad organizada.
El propósito del proyecto presentado por el senador de la bancada justicialista Horacio Román es culminar con las prácticas delictivas que se comenten en las cárceles bonaerenses por medio de llamadas telefónicas donde usualmente se llama a una persona y se le obliga a pagar rescates ante el supuesto secuestro de familiares. Si bien la idea de Román es idéntica a la resolución que el pasado 28 de febrero público en el Boletín Oficial la Secretaria de Comunicaciones de la Nación, desde el bloque del justicialismo bonaerense destacaron que el senador presentó el proyecto mucho antes que desde el PEN se preocuparan por el tema.
“Tenemos la meta de culminar con los denominados “secuestros virtuales", apuntó el legislador, en el cual continúo “se simula la privación de libertad” de particulares y se llama a familiares y amigos pidiendo dinero a cambio de la libertad. El proyecto será remitido en los próximos días a la Cámara de Diputados.
Córdoba: Proyecto de uniones civiles
La Legislatura unicameral de Córdoba se dispone a evaluar la semana próxima un proyecto de ley para legitimar las uniones civiles de parejas de homosexuales que incluye la creación de un registro público, similar al que rige en Capital Federal. La iniciativa fue presentada por las legisladoras Zulema Hernández (Frente Nuevo) y Liliana Olivero (Izquierda Unida).
El proyecto prevé la creación de un Registro Público de Uniones Civiles en el ámbito del Registro del estado Civil y Capacidad de las Personas, que tendría la facultad de “expedir constancias de inscripción o disolución a solicitud de cualquiera de los integrantes”. Entre los requisitos que establece el proyecto para poder realizar una unión civil se encuentra la necesidad de acreditar por medio de dos o mas testigos que la pareja tenga una convivencia de no menos de dos años, para que sea anotada en el registro. El objetivo es resolver a las parejas homosexuales cualquier tipo de impedimento civil que puedan llegar a tener. El proyecto alcanzaría a las obras sociales tanto privadas como públicas que se encuentren en la órbita provincial. También a las pensiones y obras sociales que les corresponden a los empleados municipales. Además, la certificación otorgada por el registro permitirá cualquier gestión futura, como la atención en obras sociales para los dos integrantes de la pareja, así sea sólo uno de ellos el afiliado.
Presuntas irregularidades en cancillería
El canciller Rafeal Bielsa afirmó que la justicia está investigando las presuntas irregularidades que habrían cometido funcionarios y representantes del cuerpo diplomático acreditado en el exterior en la utilización de los servicios de salud. El funcionario confirmó que realizó una denuncia en la Oficina Anticorrupción, en base a un estudio “muy minucioso” que duró aproximadamente un año. Sobre la presentación destacó que la misma recayó en el juzgado de María Servini de Cubría. Además, precisó que "es muy posible que dispongan la suspensión preventiva" del director de Salud de la Cancillería, Augusto Andrade, quien entre otras cosas está acusado de haber utilizado su despacho para atender consultas privadas.