Los magistrados habían sido convocados por el presidente provisorio de la Legislatura, Francisco Fortuna, quien después moderó la primera reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, desde donde saldrá la solución a la grave situación provocada por la cantidad de juzgados y fiscalías que están vacantes.
Actualmente, según fuentes judiciales, hay unas 70 vacantes en Córdoba: 49 en organismos judiciales, que no tienen ningún titular; y 21 que funcionan con jueces sustitos, es decir, con secretarios.
A la reunión acudieron los vocales Aída Tarditti, María Esther Cafure de Battistelli, Armando Andruet y María de las Mercedes Blanc de Arabel (también estuvo el Presidente del TSJ), quienes respondieron preguntas de los legisladores oficialistas y opositores.
También estuvieron presentes, y apoyaron la propuesta del STJ, el titular de la Asociación de Magistrados, Víctor Vélez; la presidenta de la Federación de Colegios de Abogados de la provincia, Ana Gritti; y el titular del Colegio de Abogados de Córdoba, Enzo Stivala.
De la reunión con los legisladores también participó el fiscal General Gustavo Vidal Lascano, quien lanzó la propuesta de permitir a secretarios de juzgados y fiscalías actuar como jueces sustitutos o reemplazantes. La iniciativa fue bien recibida por Víctor Vélez pero rechazada de plano por los representantes del Tribunal Superior y de los colegios de abogados.
Como era previsible, Carbonetti se mostró disconforme con la posibilidad de que jueces jubilados puedan volver a la actividad como sustitutos. Prefiere que esa función la cumplan los secretarios, a diferencia de la propuesta del Tribunal Superior. Es que la mayoría de ellos fueron designados por los ex gobernadores Angeloz y Mestre. No obstante, según fuentes judiciales, estaría dispuesto a “negociar” ese punto de su proyecto.
La semana pasada el legislador Domingo Carbonetti presentó un proyecto que intentaba buscar una solución a este problema. La iniciativa del actual presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura propone la creación de una comisión especial dentro del Consejo de la Magistratura, que tendría a su cargo la elaboración del listado de posibles jueces o fiscales sustitutos.
Esta comisión, de acuerdo al proyecto del legislador, estaría integrada por tres personas: el presidente del Tribunal Superior, el Fiscal General y el Secretario de Justicia, estos dos últimos designados directamente por el gobernador de la Provincia.
Por ello la iniciativa desató una polémica y el rechazo unánime de diversos ámbitos de la Justicia. A raíz de la reacción, se organizó una reunión con el Tribunal Superior, los magistrados y los abogados que impulsaron la primera propuesta.