Pese a que las relaciones no son buenas entre ambas entidades, el Colegio de Magistrados porteño, recientemente creado, destacó la resolución Nº 102 del Consejo de la Magistratura, que ratificó que los jueces no deberán pagar el impuesto a las ganancias y redujo la suma que deben abonar funcionarios y secretarios de la Ciudad.
“Se vulnera el derecho a la igualdad si los funcionarios y empleados del área jurisdiccional del Poder Judicial local se encuentran compelidos a abonar el impuesto a las ganancias sobre la totalidad de su remuneración mientras los funcionarios y empleados de otras jurisdicciones -sean nacional o provinciales, e incluso respecto de sus pares pertenecientes al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad-, deben hacerlo sólo sobre determinados rubros de su remuneración”, acordaron los consejeros en la resolución.
Además el Colegio de Magistrados destacó que el organismo había propiciado el dictado de la resolución (conocida ayer), y que la misma
“ha puesto remedio a una situación de desigualdad que se verificaba entre los funcionarios de la Justicia Nacional, de la mayoría de las jurisdicciones provinciales y de la Justicia de la Ciudad, e inclusive dentro de ella, entre funcionarios del Tribunal Superior de Justicia y quienes cumplen tareas jurisdiccionales en el resto de sus áreas”.
No obstante, el Colegio que preside la juez porteña Alejandra Petrella, resaltó que la resolución modificó
“una situación anómala generada por el propio Consejo de la Magistratura”, al fijar un modo de tributar el impuesto a las ganancias que se apartaba del sistema utilizado por el Poder Judicial de la Nación y por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, llevando a que los funcionarios y empleados soportaran una carga tributaria mayor y, por consiguiente, un nivel de ingresos inferior, a igual tarea y jerarquía.
La Resolución Nº 102 del Consejo de la Magistratura, publicada este miércoles en el Boletín de la Cuidad, adhirió al criterio que ya había sido adoptado por el Tribunal Superior a través de la Acordada Nº9; la que, a su vez, se basaba en las Acordadas Nros. 20/96 y 56/96 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La misma decisión fue implementada por las Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de diversas provincias (Mendoza, Tucumán, Jujuy, Chaco, Chubut, Misiones, Buenos Aires, Río Negro, Catamarca, Salta, La Pampa, Córdoba, San Luis, Corrientes, Entre Ríos, Formosa y Neuquén).
En diálogo con este medio, la juez Alejandra Petrella, titular del juzgado Nº12 en lo Contencioso Administrativo y Tributario, destacó especialmente la actuación de los consejeros jueces, que apoyaron la resolución junto a dos representantes de la Legislatura, y resaltó que los jueces porteños no tuvieron la recomposición salarial que sí recibieron los jueces nacionales a fines de 2004. “Un juez de la Ciudad cobra actualmente 3.700 pesos”, dijo
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