La resoluciones a las que tuvo acceso este medio se aprobaron en la ciudad de San Martín de los Andes hace algunos días. En el caso de San Luis, los abogados analizaron el informe de la presidente del Colegio de Abogados y Procuradores de la Ciudad de San Luis, Claudia Patricia Rocha, e hicieron un repaso de la crisis actual luego de las renuncias producidas en el Superior Tribunal de Justicia provincial, para luego apoyar la propuesta del Colegio de Abogados respecto que las designaciones en dicho cuerpo se efectúen por antecedentes, oposición y audiencia pública, debiéndose a tal fin dictarse la normativa correspondiente.
Además solicitaron que se reestablezca a los Colegios de Abogados de San Luis y Villa Mercedes sus funciones constitucionales en el Jurado de Enjuiciamiento y Consejo de la Magistratura, “que son de fundamental importancia en la selección y remoción de jueces”. Y pidieron una audiencia al gobernador y a las Cámaras Legislativas de la provincia a los efectos de tratar el funcionamiento de la justicia.
En San Luis, los trabajadores judiciales realizaron nuevamente un paro, este miércoles, en toda la provincia, sin asistir a los lugares de trabajo y concentrándose frente al Palacio de Justicia para realizar una manifestación.
En el caso de Neuquén, los abogados analizaron la situación del Poder Judicial, tal como fue informada por el Colegio de Abogados de la provincia, el cual “pone de manifiesto la debilidad del principio de independencia del Poder Judicial, y de legalidad de los procesos, afectando de esta manera los derechos antes aludidos”.
Por ello, la Junta de Gobierno expresó su más profunda preocupación por la situación de la Justicia en la Provincia del Neuquén; dispuso el seguimiento de la situación antes referida, mediante informes que les será solicitados al Colegio de Abogados de la Provincia, y/o sus colegios departamentales; y exhortó al Tribunal Superior de la Provincia para que otorgue a los Colegios Públicos de Abogados locales la participación real necesaria para las designaciones judiciales a fin de legitimar las mismas.
Por último, la FACA repudió las actitudes intimidatorias de que puedan ser objeto los miembros de la abogacía Colegiada, o funcionarios, por el libre y responsable ejercicio de su misión.
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