Mediante el decreto 224/2005 fue aceptada la renuncia presentada por Juan Antonio de Erausquin al cargo de Defensor Público Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Viedma, Río Negro, la cual tendrá efectos a partir del 1º de marzo de 2005. Dicha renuncia había sido aceptada ya con fecha 8 de febrero de 2005 por Resolución DGN.N° 73 del señor Defensor General de la Nación y rectificada por su similar N° 123 de fecha 17 del mismo mes y año.
Enroque de jueces
Por decreto 236/2005 se autorizó el traslados de dos magistrados integrantes de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal Nº 1 y Nº 2 de La Plata, Nelson Javier Jarazo y Horacio Alfredo Isaurralde, cambio que se originó a raíz de una presentación conjunta de los magistrados, en la que solicitaban la permuta de los cargos que detentan. Los restantes integrantes de ambos Tribunales, emitieron opinión favorable al acogimiento de la permuta peticionada, considerando que la iniciativa resultaba positiva y que favorecería el desenvolvimiento de ambos órganos judiciales. También la solicitud de traslado peticionada fue analizada por el Consejo de la Magistratura en su sesión plenaria de fecha 24 de febrero de 2005, en la que consideró conveniente el traslado referido, en orden a una más eficaz prestación del servicio de justicia. Así se autorizó el trasladó del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de La Plata al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de la misma ciudad, a Nelson Javier Jarazo. Por contrapartida se trasladó del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de La Plata al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de la misma ciudad, a Horacio Alfredo Isaurralde.
Presupuesto
Por la Decisión Administrativa 77/2005 del Jefe de Gabinetes se modificó el Presupuesto de la Administración Nacional para el Ejercicio 2005, en relación con los créditos vigentes de las Jurisdicciones 05 Poder Judicial de la Nación y 10 Ministerio Público, a fin de atender erogaciones relativas al mayor Gasto en Personal previsto en ambas Jurisdicciones.
Impuesto a ganancias
Mediante una solicitada, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal expresó este miércoles su “profunda preocupación” por la resolución Nº 102/05 aprobada recientemente por el Consejo de la Magistratura local, que dispuso la virtual exención al pago del impuesto a las ganancias de los funcionarios del Poder Judicial y Ministerios Públicos de la Ciudad, equiparando la situación de éstos con la de los jueces, fiscales y defensores que ya se encontraban eximidos, a raíz de una “arbitraria” interpretación del principio de la intangibilidad de la remuneración de los magistrados, y “en clara violación a lo dispuesto en la sentencia “Botana, María Fernanda y otros c/Consejo de la Magistratura s/amparo”.
”La igualdad ante la ley es pilar fundamental de nuestro sistema jurídico y a la luz de este principio las referidas disposiciones constituyen un irritante privilegio. Es necesario hacer efectiva la garantía de nuestra Constitución Nacional -art. 16- que establece que: “Todos sus habitantes son iguales ante la ley” y que “la igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas”, asegura la solicitada. Y agrega: “estamos convencidos que decisiones como la objetada, no contribuyen a mejorar la credibilidad del Poder Judicial, y en especial de una Justicia joven, constituida bajo ideales de verdadera independencia, equidad y al servicio de los justiciables”.
Conjuez
El abogado Diego Estévez, especialista en derecho civil y comercial, administrativo y tributario, fue designado a través de un sorteo como conjuez de la causa que investiga las explosiones de la Fábrica Militar de Río Tercero, en 1995. El profesional, que hace 31 años se desempeña como letrado en Río Cuarto y que participó de la causa como conjuez durante un corto período en noviembre de 1995, asumiría el cargo que previamente fue rechazado por los abogados Enrique Magoia, Sergio Saleme y Luis Ferreyra. Estévez debe esperar que la Cámara Federal de Córdoba se pronuncie sobre el apartamiento planteado por el juez natural de la causa, Luis Rodolfo Martínez.
Sobreseimiento
Andrea del Boca fue sobreseída en la causa en la que se le imputaba la obstaculización de las visitas del padre de su hija a la menor. La medida fue tomada por el juzgado Correccional N°5, a cargo de la juez subrogante, Patricia Guichndut. No obstante, el fallo ha sido apelado por el fiscal de la causa. El delito que se endilga a la actriz está contemplado en la ley especial penal 24.270, que fija penas para el padre que "obstaculizara las visitas a los hijos del progenitor no conviviente", ley incorporada al Código Penal que castiga con penas de tres meses a tres años de prisión.