El fiscal general de la Unidad de Investigación de la causa AMIA, Alberto Nisman, envió el viernes pasado un pliego de preguntas al vicepresidente de la Nación Daniel Scioli y a Martín Redraro, presidente del Banco Central, a raíz de los dichos que expresaron en las “Primeras Jornadas sobre avances Regionales contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo”.
El objetivo de la fiscalía es reunir información en relación a los atentados a la AMIA y la Embajada de Israel. En el oficio la fiscalía le solicitada a Scioli que señale “con la mayor amplitud posible a las personas lavadores de dinero que financiaron los atentados contra la Embajada de Israel y la sede de la AMIA” y si tiene conocimiento de empresas que participaron en operaciones financieras ilícitas que se habrían utilizado para financiar los atentados. A Redrado se le solicita información sobre operaciones sospechosas de lavado que se pudieran producir en las entidades financieras y si “se pudo determinar o existen indicios que le permitan inferir alguna vinculación de las mismas con los atentados”. De lo otro, nada.
Premio
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Horacio Rosatti, recibirá el próximo jueves, de manos del presidente Néstor Kirchner, el “Primer Premio Nacional de Derecho y Ciencias Políticas”, durante una ceremonia a realizarse en el Palais de Glace. Rosatti será premiado, esta vez, por su obra “Tratado de Derecho Municipal”, distinción otorgada en base al dictamen de un jurado de académicos conformado por la Secretaría de Cultura de la Nación. El actual ministro de Justicia y Derechos Humanos será premiado en el rubro “Derecho”, de una producción correspondiente al periodo 1996-1999. Rosatti recibirá este premio por segunda vez: ya lo ganó en 1989 en la categoría “Ensayo”. Antes de Rosatti, fueron galardonados con el primer premio en materia de Derecho y Ciencias Políticas, Carlos Fayt (en el período 1992-1995) y Guillermo Borda.
Juramento
En un acto realizado en la Sala de Audiencias del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba, presidido por Luis Enrique Rubio, prestó juramento Gabriel Ignacio Prémoli Martín como juez de Primera instancia del Juzgado de Control, Menores y Faltas de la Séptima Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Cosquín. También, a su turno, hizo lo propio Francisco Javier Márquez como Fiscal de Cámara con competencia múltiple de la Cuarta Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Villa María.
Renuncia
Mediante el decreto 256/2005, el Ministerio Público ha aceptado la renuncia del Fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Santiago del Estero, Aldo Washington Alzogaray, quien presentara su dimisión para hacerse efectiva a partir del 1º de marzo de 2005. La misma había sido aceptada ya por el Procurador General de la Nación, con fecha 3 de marzo por Resolución Per. N°209/05, y mediante el decreto ahora firmado por el Ejecutivo se ha concluido con el procedimiento administrativo y hecho efectiva la renuncia del magistrado.
Coparticipación (fallo completo)
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba declaró válido el actual modo de liquidación de la coparticipación que realiza la provincia sobre los fondos que corresponden a la Municipalidad de Córdoba.
El planteo ante el máximo órgano de Justicia provincial lo efectuó la Comuna cordobesa, hace unos veinte días, disconforme con la liquidación de los fondos coparticipables que se le efectúan quincenalmente.
El TSJ indicó que el modo en que debe liquidarse la coparticipación "debe tener en cuenta en primer lugar, el descuento de aportes patronales y de contribuciones previsionales, y de seguridad social, sobre el mes inmediato anterior". Asimismo, señala que "debe continuar" descontando la deuda que la Municipalidad de Córdoba mantiene con el Amro Bank; y sobre el saldo coparticipable a favor de la Comuna, el Estado provincial está autorizado a descontar un 33% para aplicar a la deuda previsional anterior.
También establece igual porcentaje de descuento al crédito que la administración delasotista le concedió en su momento al municipio, en épocas de la gestión de Germán Kammerath, de 50 millones de pesos en bonos Lecor. (texto completo al final)
Modificación a la ley de divorcio española
Esta semana comenzará a debatirse en España un proyecto para modificar la ley de divorcio. La iniciativa establece un fondo de garantía de pago de alimentos a los hijos menores de edad y reduce a casos "excepcionales" la posibilidad de que el juez dicte la custodia compartida cuando los cónyuges no hayan alcanzado un acuerdo. Las reformas fueron presentadas por el gobernante Partido Socialista Obrero Español y tienen por objetivo agilizar el trámite de divorcio.
El proyecto establece que el Estado garantizará el pago de alimentos reconocidos e impagos a favor de los hijos menores en convenio judicialmente aprobado o en resolución judicial.
En relación a la custodia compartida el diputado socialista Julio Villarrubia expresó que se modificará el proyecto enviado por el gobierno por lo que “será posible cuando haya mutuo acuerdo de los cónyuges, y abrimos una pequeña puerta, con carácter excepcional, de que el juez pueda acordarla aunque no exista". El opositor Partido Popular expresó a través de sus legisladores que la única reforma que aceptarán será la del Fondo de Garantía de Pensiones y afirmó que los populares son partidarios de que la custodia compartida sólo exista en caso de mutuo acuerdo.