Mediante el proyecto se solicita que se agregue al artículo 2 de la Ley 25.413 de Competitividad un nuevo inciso para que estén exentas de “los créditos y débitos en cuentas bancarias, como así también las operatorias y movimientos de fondos, correspondientes a las organizaciones no gubernamentales constituidas legalmente como entes jurídicos, que no persigan fines lucrativos y cuyo objeto social y modalidad de intervención se circunscriba a la asistencia directa, la promoción y el desarrollo y la capacitación a sectores vulnerables.”
De prosperar la iniciativa las ONG quedarán libradas de pagar el impuesto al cheque como actualmente lo están los estados nacionales, provinciales, municipales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las embajadas y consulados y las entidades de la Administración Federal de Ingreso Público (AFIP). Curletti fundamentó su proyecto en que el estado debe apoyar esta clase de entidades porque promueven “la participación y el enriquecimiento de la vida colectiva” y una manera de hacerlo es “a través de diversos mecanismos de exención, entre ellos, el más reconocido es la exoneración de impuestos”. Además, consideró que las operaciones bancarias que las asociaciones sin fines de lucro realizan “no se enmarcan en un circuito comercial, sino en la necesidad de operar bajo normas transparentes”.
El camino parlamentario del proyecto recién comienza. Primero deberá ser analizado por las respectivas comisiones del Senado para luego ser tratado en el recinto de la Cámara Alta.