Desde el inicio de los conflictos la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) estuvo bregando para que la situación se normalizara. En la última reunión de Junta de Gobierno de la entidad comisionó al Presidente, Carlos Andreucci, para que reclamara ante las autoridades provinciales por la colegiación. El encuentro se formalizó a fines de marzo, cuando el gobernador, Alberto Rodríguez Saá recibió a Andreucci, Claudia Rocha y Claudia Alegre, Presidentes de los Colegios de San Luis y Villa Mercedes respectivamente, resultando del encuentro la aceptación por parte del Gobernador del proyecto de colegiación.
Tiempo atrás, mediante la ley provincial Nº 5123, sancionada en noviembre del año 1997, por el entonces gobernador, Adolfo Rodríguez Saá, el estado provincial disolvió los Colegios de Abogados, declaró la caducidad de todas las matriculas y los mandatos de sus autoridades. Además, se adueñó de todas las propiedades que pertenecían a estos entes.
También se solicitó a la entidad Colegiada aportes para que en la provincia se incorporen mecanismos de participación ciudadana ,a través de audiencias públicas para la selección de Jueces para el Superior Tribunal de Justicia y el Procurador General provincial.
Carlos Andreucci, señaló que “la recuperación de la Colegiación Obligatoria es un logro de la constancia y la voluntad para lograr a través del diálogo, seguridades para el ejercicio de la profesión; los que no deben ser vistos como corporativos sino que benefician al conjunto de la sociedad ya que el Gobierno de la matrícula implica un fuerte y ágil control ético, lo que le permite al ciudadano tener una vía abierta para presentar sus reclamos y obtener respuesta.”.
Añadió Andreuchi que, “además los ciudadanos podrán acceder a los Consultorios Jurídicos gratuitos, en fin creemos que no solo es un logro de la Abogacía sino del conjunto de la sociedad de San Luis”.
Con la aprobación de esta ley, los Colegios de Abogados -que recupera así su rango de grupo de poder en la Provincia- recibirán hasta el 5% de todos los honorarios que se regulen a los abogados. Además de percibir los derechos de inscripción en la matrícula, las multas que podrá imponer a sus afiliados, el 10% de las tasas judiciales, el 3% de la recaudación por las publicaciones de edictos o resoluciones y el aporte de cada matriculado al tomar intervención en un expediente.