“Estoy de acuerdo con la ley siempre y cuando se le hagan algunas modificaciones“, le dijo a este medio el fiscal de la Cámara del Crimen porteña Ricardo Sáenz, quien fue uno de los expositores del seminario realizado en la Universidad Católica de Rosario el pasado 13 de abril. “Podría ser una herramienta útil sobre todo para combatir los delitos financieros” explicó Sáenz y agregó que cada vez se utilizan más las tecnologías para cometer ilícitos.
De igual forma opinó el secretario de una fiscalía del interior del país que estuvo presente en el seminario, ante la consulta de este medio para quien “los fiscales contarían con un instrumento útil para combatir el delito".
La ley generó un amplio debate esta semana en ámbitos jurídicos y políticos ya que para muchos es inconstitucional porque viola las garantías individuales previstas en la Constitución Nacional al considerar que se aplica sobre los contenidos de las comunicaciones.
“Se presentó mal el tema. Yo creo que no es violatoria de los derechos individuales. Habría que dejar claro que sólo son los datos de conexión y no de contenidos. Es algo muy similar a lo que ya hacen las empresas telefónicas” dijo Sáenz en relación a que dichas empresas guardan los número, fechas y horarios en que se realizan las llamadas de cada teléfono y que son utilizados en investigaciones ante requerimiento judicial.
“En líneas generales hay que lograr un equilibrio para que el Estado pueda combatir el delito y a la vez se garantice el derecho a la intimidad” dijo en off un juez federal quien agregó que “no afecta de las garantías” y consideró que la ley “se tergiversó informativamente”.
La ley de la polémica es la 25.873, que aprobó el Congreso Nacional el 17 de diciembre de 2003 y que modificó la ley 19.798 de telecomunicaciones, por la cual "los prestadores de servicios de telecomunicaciones deberán registrar y sistematizar los datos filiatorios y domiciliarios de sus usuarios y clientes y los registros de tráfico de comunicaciones cursadas por los mismos”. De esta manera las empresas de internet deberán guardar los datos de tráfico (horarios, duración y de que computadora se hizo la conexión) de mails, chats y páginas webs que utilicen los usuarios “para su observación remota a requerimiento del Poder Judicial o el Ministerio Público”.
La ley fue reglamentada por el decreto 1563/2004 que se firmó el 11 de noviembre del año pasado y establece que la norma entraría en vigencia el próximo 31 de julio. Pero el presidente informó desde Alemania, que a su regresó firmará otro decreto para anular el anterior. De todas maneras el Congreso debería sancionar una nueva ley para dejar sin efecto la 25.873. Varios legisladores ya presentaron proyectos en ese sentido.
Durante el seminario hubo una crítica general a los aspectos de la ley que establece el plazo de 10 años de almacenamiento de los datos y el costo que esto genera que deberá ser absorbido por las empresas.
Se consideró que dicho tiempo es excesivo e innecesario. “En España se establece un plazo de un año y otros países de Europa que están estudiando la norma piensan en dos o tres años” dijo Sáenz y agregó que en el viejo continente el estado comparte los gastos con las empresas. “Si no se modifica ese aspecto las pequeñas y medianas empresas de internet incumplirían la ley porque no podrían pagar los costos que esto genera”.
La norma cuenta con al menos tres recursos de amparos presentados en la justicia para declarar inconstitucional la ley. La primera fue presentada por la Cámara Argentina de bases de datos y servicios en línea (CABASE) a mediados de diciembre del 2004 quien solicitó la inconstitucionalidad de la ley 25.873 y del decreto 1563/2004.
Otro amparo fue presentado el pasado 7 de marzo por ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal nº 10 de la Capital Federal, para que ambas normas sean declaradas inconstitucionales. Además, este martes se presentó un tercer amparo para suspender los efectos de la norma.