Luego de un arduo proceso, la Corte Suprema de Justicia de la Nación finalmente cuenta, desde principios de este año, con su integración plena de 9 miembros y de esta forma ya se encuentra lista para entender en los asuntos más trascendentes desde el punto de vista institucional que aún faltan por resolver.
En esta ocasión, Diariojudicial.com dialogó con el flamante ministro de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, tal como lo hizo en otras oportunidades con Eugenio Zaffaroni, Elena Highton de Nolasco, y Carmen Argibay.
Lorenzetti afirma haberse acostumbrado ya al cambio que en lo personal significó su designación en el alto tribunal. “Uno tiene que asumir el rol de ser una persona pública y eso es difícil”, aunque reconoce que “ya lo tengo asumido”.
En lo que respecta al funcionamiento del máximo tribunal, Lorenzetti es partidario de una reducción de la competencia, lo que le permitirá “dedicarse a los grandes temas” institucionales. En este sentido señaló el avance del fallo “Itzcovich”, que declaró inconstitucional el art. 19 de la ley de solidaridad previsional. También la interpretación estricta de la jurisdicción originaria y la arbitrariedad.
Por otra parte, señaló la enorme judicialización de los conflictos que existe actualmente tanto a nivel local como en casi todos los países del mundo, para lo cual entiende que es necesario “reforzar los mecanismos para que la gente solucione sus problemas“.
En cuanto a la relación con los medios de prensa, Lorenzetti advierte que la sociedad actual requiere de la comunicación por lo que “hay que tener una muy buena relación con los medios de comunicación”. Y aclara: “eso significa comunicar los grandes temas institucionales y las sentencias, y no otras cosas”.
Lorenzetti, que previo a su designación se desempeño como abogado de la matrícula, se refirió también a la carrera de grado tal como está contemplada en las universidades y también dio su opinión sobre los proyectos que buscan establecer exámenes periódicos para el ejercicio de la profesión. A continuación reproducimos la charla mantenida.
Diariojudicial.com: ¿Cómo vivió el proceso de su designación como juez de la Corte Suprema?
Ricardo Lorenzetti: Desde el punto de vista institucional me parece un gran avance para la transparencia en la selección de los candidatos respecto a lo que existía con anterioridad. Creo que eso es muy positivo y es muy bueno para la ciudadanía. Desde el punto de vista personal es una situación de un cambio muy importante porque pasar de una vida privada a una vida pública es un salto cualitativo que implica enormes modificaciones. Es decir, pasar de estar en la platea a estar en el escenario es muy diferente en la vida, y eso es lo que a uno le impacta. Pero uno se acomoda aunque desde el punto de vista familiar es el aspecto más difícil por el hecho de que comiencen a conocerlo en todos los lugares adonde uno va. Uno tiene que asumir el rol de ser una persona pública y eso es difícil. Pero yo siempre reclamé que los ciudadanos tienen que participar en la vida pública, no como dice Jauretche: “animémonos y vayan”, animar a que la gente participe pero que empiece otro. Aunque es difícil ahora ya lo tengo asumido.
Dju:¿Qué opina de la iniciativa del gobierno de reducir a siete la cantidad de miembros de la Corte Suprema?
R.L.: Primero, la Corte actualmente tiene un número superior que es de nueve y mientras estén cubiertos esos cargos, y de hecho lo están, no es posible hacer ninguna modificación.
Pero si hubiera que hacerla, porque hubiera vacantes en el futuro creo que hay consenso mayoritario, diría que casi unánime en el mundo jurídico, en que un número inferior en la Corte es mejor. Acelera los trámites, facilita las decisiones y le da estabilidad al tribunal. No es un tema tan decisivo, pero si es importante en la consolidación de un tribunal tener un número menor. Estará bien en 7 miembros, porque hoy volver a cinco sería más difícil ya que se deberían producir vacantes dado que los jueces tienen inamovibilidad. Por eso hoy es muy difícil pensar en una hipótesis de cinco. En realidad eso ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Creo que también el trabajo de la Corte es muy grande y hoy hay que reducirlo, en un aspecto muy importante, para que entre siete o cinco se pueda desarrollar.
Dju.: Existen rumores de que el proyecto tendría viabilidad con la eventual destitución de Antonio Boggiano, y la posibilidad de que Carlos Fayt pida su jubilación a mediados de este año. ¿Se ha considerado esa hipótesis dentro del tribunal?
R.L.: No, porque los dos ministros están trabajando plenamente. La verdad es que el doctor Fayt está en una actividad intensa y muy lúcido, y no ha manifestado su intención de irse, por lo menos en el acuerdo no lo ha dicho. Y el doctor Boggiano ha manifestado su interés en seguir en el tribunal y de ejercer su derecho de defensa. Así que no podemos partir de esa hipótesis.
Dju.: ¿Cómo podría reducirse la competencia de la Corte Suprema?
R.L.: Cuando hablamos de reducir la competencia originaria no podemos hacerlo más allá de lo que dice la Constitución. Sí lo que se ha planteado concretamente es que hay una necesidad global de que la Corte tenga menos casos. Había una enorme cantidad de casos, aproximadamente 34.000 en trámite. Eso es inapropiado para un tribunal constitucional. Lo que se pretende es que haya menos cantidad de casos. Si bien hay tribunales que tienen lo mismo o más –como el caso de Brasil-, lo ideal es que tengan muchísimos menos. La Corte nuestra tomada conforme al modelo que en su momento se trazó para la Constitución norteamericana, tiene que tener pocos casos y dedicarse a los grandes temas. Entonces es inapropiado tener tanta cantidad.
Dju: En este sentido el tribunal avanzó cuando declaró la inconstitucionalidad del art. 19 de la ley de solidaridad previsional...
R.L.: La resolución de la causa “Itzcovich, Mabel c/ ANSeS s/ reajustes varios” y ahora la ley que lo deroga, significará una reducción sustancial de unas 10 o 12 mil causas. Luego tenemos una interpretación estricta de lo que es la jurisdicción originaria. La Corte es un tribunal, en ese aspecto, para temas en los cuales por lo general no están involucrados los ciudadanos sino los Estados provinciales o ellos con los ciudadanos de otras provincias, o para cuestiones federales. Pero eso tiene que tener una interpretación estricta y no transformarse en el gran tribunal del país. Eso es importante, y creo que hay mucho consenso en la Corte actual de establecer una interpretación estricta.
Dju: ¿Y en lo que respecta a la doctrina de la arbitrariedad?
R.L.: Lo mismo en materia de arbitrariedad, que es otro campo en el cual hubo a través de los años una interpretación cada vez más amplia y eso extendió muchísimo la cantidad de casos. Por eso la Corte está volviendo a una interpretación estricta de la arbitrariedad. Eso que significa, que la sentencia arbitraria es una sentencia que tiene un defecto muy importante. No es cualquier sentencia. Los abogados tienen que tener una claridad al respecto porque si no, normalmente se ven inclinados a decirle al cliente: “vamos a la Corte porque entonces a lo mejor se revoca el fallo”. Eso se da en la práctica cuando los criterios son muy amplios y entonces naturalmente la gente llega a la Corte porque eso es razonable. Pero lo que hay que establecer es que la razonabilidad es estricta y no se hace en la Corte normalmente una función de casación, o sea de unificar criterios, sino que la Corte es constitucional, para los temas constitucionales. Todo eso debería permitir que los abogados y los litigantes tengan una idea clara de cuáles son las causas de arbitrariedad, y solamente en esos supuestos venir a la Corte. Estamos trabajando con organizaciones no gubernamentales -las que colaboran- para establecer con mejor claridad los criterios de arbitrariedad con los casos ya fallados, para que los usuarios del servicio de justicia tengan información sobre eso. El tribunal tiene que tener una menor cantidad de causas y concentrarse en grandes temas. Lo importante es que uno tenga los criterios generales claros para resolver los casos particulares.
Dju.: Cuando ejercía como abogado de la matrícula ¿cómo veía a la Corte y qué ha cambiado?. O ¿en qué le gustaría que cambiara?
R.L.: Creo que lo que uno veía desde afuera es que se podía cambiar. De lo contrario no tiene mucho sentido estar en lugares en los que se piensa que las cosas son inmodificables. Me parece que se puede cambiar y de hecho creo que hay una gran recepción entre todos los ministros. Hay una gran comunidad de ideas entre los cambios que se deben hacer en los tribunales, en la cual participan todos los ministros. No tenemos grandes diferencias sobre eso. Puede haber criterios u opiniones, pero me parece que lo que todos queremos es que un tribunal como la Corte sea lo que la comunidad quiere, en definitiva que es lo que quieren los ministros. No veo hoy grandes diferencias. Tal vez las hubieron en el pasado, pero no he encontrado obstáculos. El problema está en que los cambios que hay que hacer son importantes. Estos que hemos hablado son los primeros, y hacen que el tribunal pueda ser mucho más ágil. Pero después está todo el tema institucional de la justicia que es muy amplio. Tratar de trabajar en la mejora del Poder Judicial en general.
Dju.: ¿Creé que se ha logrado mejorar esa visión de la gente en cuanto a la existencia de una Corte adicta al poder político de turno?
R.L.: Lo que es importante es distinguir la visión de la gente de lo que sucede. Yo creo que hubo durante mucho tiempo una visión de la gente sobre la Corte que terminó en una gran crisis en el 2001 y culminaron con los juicios políticos. Naturalmente ese tribunal dio lugar a esa visión por parte de la gente de que había una Corte adicta y eso se instaló en la opinión de los medios y de la gente, que es difícil cambiarla. Porque aún cuando uno cambie y la Corte no sea igual, la gente sigue opinando igual y los medios siguen opinando lo mismo. Es un proceso en el cual nosotros tenemos inversión de la carga de la prueba, es decir, tenemos que ir demostrando que no somos una Corte adicta.
Dju.: ¿Usted cuando no formaba parte de la Corte tenía esta visión de ella, o no?
R.L.: Hubo grandes temas en los cuales nosotros fuimos muy críticos, toda la comunidad académica. Pero por eso hay que distinguir la realidad. Hoy no veo o por lo menos nadie ha señalado un caso en el cual esta Corte sea adicta al gobierno. Lo que si va a llevar mucho tiempo es reconstruir esa imagen. Pero en la gente que más conoce la justicia, como los tribunales, o el mundo académico, creo que hay una impresión muy distinta de esta Corte. Por lo menos nosotros vemos que tenemos mucho apoyo y buen diálogo con todo el mundo académico, o sea que esa es la primera impresión del cambio. Hay que ir tratando de reconstruir con mucho cuidado y paciencia las instituciones. Pero tal vez no hay una relación tan directa entre la percepción, que tarda muchísimo en cambiar, porque la gente sigue repitiendo lo mismo: “la Corte antes era adicta para un lado y ahora es adicta para el otro, pero adicta es siempre”. Y en la realidad uno debería decir, si se hiciera un juicio y uno debería probar que esta Corte es adicta, ¿cuáles son las pruebas? No hay ninguna hoy. Entonces es ahí donde se muestra la diferencia, yo creo que nosotros tenemos que trabajar seriamente en una línea que llevará mucho tiempo, pero bueno, ese es nuestro deber.
Dju.: ¿Cómo ve el sistema de mediación actual y su posible ampliación al fuero penal?
R.L.: La mediación es muy importante. Lo que sucede es que nosotros tenemos una enorme judicialización de los conflictos como sucede hoy en casi todos los países del mundo. No es que seamos anormales. Pero entonces uno dice, la conclusión general es: hay una crisis del Poder Judicial, y crisis de credibilidad y de imagen. Ahora si uno se pone a analizar detenidamente, la crisis primero es de los sistemas normales, porque cuando hay una relación entre dos personas primero debe ser normal y luego cuando ya es patológica, uno va al médico. Bueno ahí también va al juez. Si todo el mundo fuera al médico estallaría el sistema, por eso, todo el mundo va a la justicia y se habla de la crisis del sistema judicial. El problema es justamente el anterior, cómo reforzar los mecanismos de la democracia de las instituciones para que la gente resuelva sus problemas sin necesidad de judicializarlos. Hay sectores como por ejemplo el proceso político que se ha judicializado, las relaciones entre las personas, entre las empresas, con el Estado, todo está muy judicializado. Esto es un fenómeno mundial, reitero, esto no es sólo un problema nuestro.
Lo primero que hay que hacer es reforzar los mecanismos para que la gente solucione sola sus problemas, y los jueces no tienen que estar tanto en la vida común de la gente, tienen que defender los derechos individuales y las instituciones en situaciones que merezcan su intervención. Hay que tener una postura más de autorestricción de qué es lo que hoy en todo el mundo se está tratando de buscar. Fortalecer eso y ahí aparece la mediación.
El problema es que se va a la mediación como si fuera un trámite más, y muchas veces se va a la justicia como si fuera un trámite más, porque no se cree en las instituciones. Y si la gente no cree en la mediación debemos mejorar la calidad de los mediadores, tenemos que trabajar sobre la estructura legal de incentivos en la mediación para que los abogados tengan un interés real y concreto en ella, para que las partes vean que con eso reducen sus costos, hay que trabajar en eso, fortalecerla, no negarla. Dentro del ámbito penal hay muchas opiniones diferentes, pero todo depende de cómo se haga y en qué. No es en el ámbito penal, sino que hay algunos aspectos particularizados que podrían tener alguna utilidad pero no es la regla. La mediación es mucho más apropiada en los conflictos patrimoniales, o familiares.
Dju.: Como profesor de derecho, ¿está de acuerdo en instaurar un sistema con examen habilitante para el ejercicio de la profesión una vez que los alumnos se hayan recibido de abogados, como lo propicia la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA)?
R.L.: En todo el mundo se discute ese tema. En primer lugar yo creo que hay que reforzar la formación de grado porque justamente esto surge porque se piensa que hay una crisis en el grado. Es decir, los abogados que se reciben lo hacen con muy poco nivel jurídico, porque han proliferado las universidades, porque se ha devaluado el grado. Entonces yo creo que si la causa es esa, hay que atacarla, mejorar el grado, la formación, tratar de que las universidades estatales trabajen entre sí, restringir un poco el tema de tantas delegaciones y demás. Eso ha sido muy criticado también. Primer objetivo, reforzar el grado. Segundo objetivo, es que hoy en día cuando uno se recibe con el título de abogado tiene un amplísimo espectro. Puede ser periodista y puede ser que no ejerza la profesión de abogado, o puede ser que la ejerza, o sea juez o sea un empresario. Y si uno no ha ejercido –supongamos, durante diez años- la profesión porque se dedicó a la vida en el campo y después viene y con ese título atiende a un cliente y en el medio se reformó el código civil, naturalmente uno se encuentra con la pregunta de si ese abogado está igualmente capacitado que otro. Entonces hay una tendencia muy fuerte en todo el derecho comparado a exigir exámenes periódicos, que es algo natural en un mundo donde cambia tan aceleradamente el conocimiento. Exigirlos para algunas actividades que hace el abogado es positivo. Ahora el problema está si concretamente se habla de la habilitación para ejercer la profesión de abogado en los tribunales, porque si el abogado quiere ser juez tendrá que rendir un examen, si el abogado quiere ser periodista tendrá que hacer lo propio de la profesión, etc. En ese aspecto creo que hay razones que lo hacen necesario, por ejemplo con respecto al MERCOSUR. Brasil tiene un examen habilitante y en la medida que se vaya buscando una armonización nosotros tendremos que buscar la manera. Creo que ahí hay que compatibilizar el interés de la universidad, que así como da título también puede comprobar la habilitación, con el tema de los Colegios profesionales. Tendría que haber una actividad conjunta.
Dju.: ¿Cómo cree que debe ser la relación de la Corte Suprema con los medios de prensa?
R.L.: Yo creo que la Corte como tribunal que tiene decisiones de gran importancia institucional tiene que comunicarlas. En general toda institución en la sociedad actual requiere de la comunicación, porque es una sociedad mediática. Ese es el primer aspecto que no se puede ignorar, hay que tener una muy buena relación con los medios de comunicación. Eso significa comunicar los grandes temas institucionales y las sentencias, y no otras cosas. Hay cuestiones privadas sobre las personas que litigan o discusiones dentro de los procesos o de casos en los que todavía no hay fallo. En cuanto a las sentencias, lo estamos haciendo ya por lo menos en los grandes casos, es fundamental tratar de explicar cuál es el significado, qué importa para la gente, qué no importa. Lo importante también es que los medios reciban esa información y la puedan transmitir. Por ejemplo la Corte ha sacado sentencias muy interesantes en materia de protección de los derechos individuales de los trabajadores, en protección de derechos previsionales, en protección de la división de poderes, que son cuestiones importantes para que se comenten porque la relación entre el tribunal constitucional y la sociedad es una relación de implicancia también simbólica. La Corte tiene que dar señales de cuáles son los grandes temas de consenso en una comunidad, cuáles son las razones por las cuales podemos vivir juntos los argentinos, y eso es la práctica constitucional. Es lo que nos ha faltado durante muchos años, porque pensamos que no tenemos elementos comunes, y los tenemos.