Si bien no hubo acuerdo en sancionar el proyecto ese jueves, y la mayoría votó para que se siga estudiando su implementación, los consejeros presentes coincidieron que toda iniciativa que pretenda mejorar la justicia y acercarla a la gente es saludable y bienvenida. Pero algunos pusieron reparos a la sanción del proyecto con relación a cómo se va a implementar, quien va a recibir los llamados y mails y cómo se le darán respuesta. “Con los mails, al ser un medio rápido, la gente espera que lo contesten a la brevedad”, dijo el consejero Smuckler. “Se puede volver un bumerang”, expresó en ese sentido el consejero Claudio Kiper para quien la iniciativa es “una invitación a la queja continua”.
El proyecto, autoría del consejero Da Rocha, fue aprobado por la Comisión de Administración y Financiera del Consejo y busca “crear un centro de recepción de sugerencias de los habitantes, que funcione bajo la órbita de la Secretaría General” del consejo. “El objetivo es centralizar y clasificar la información recibida, para ser remitida al Programa para la Reforma de la Administración de Justicia”, afirmaba el primer articulo de la iniciativa.
Las vías de comunicación serían una dirección de correo postal, una línea telefónica de atención gratuita y una casilla de correo electrónico. Y se difundirían “en las carteleras y mesa de entradas de cada Secretaría de Cámara, Tribunal, Juzgado y otra dependencia del Poder Judicial de la Nación”.
El consejero Jorge Yoma consideró que la mayoría de los llamados van a ser de quejas contra los jueces de personas que no se vieron favorecidas en el fallo. “El 99% de los problemas no se van a poder solucionar y esto es en detrimento de la imagen del Poder Judicial de la Nación”, dijo Yoma.
“En Salta lo hicimos y no fue ningún caos. Esto es bueno y lo tenemos que implementar” dijo la consejera María Chaya quien explicó que el Poder Judicial de la provincia que representa en el Congreso Nacional como diputada implementó una suerte de “Buzón de sugerencias” y que no generó inconveniente alguno.
Otros consejeros, como Smuckler y Quiroga Lavié, coincidieron en que los colegios de abogados de cada provincia sean quienes reciban la información y luego de procesada la hagan llegar al Consejo. Quiroga Lavie dijo que “es una obligación constitucional el acceso a la justicia”.
Como los mayores reparos se centraban en la aplicación de la línea telefónica, se propuso que se deje como única vía de comunicación el mail. Sin embargo, se presentó una moción para postergar la votación. Esta postura tuvo mayoría, 8 votos contra los 5 que pretendían sancionar el proyecto.
De esta manera la iniciativa regresa a la Comisión de Administración y Financiera del Consejo para un nuevo análisis y adecuar el proyecto a las sugerencias de cambios que recibió en el plenario.