Entre los temas que abordados estuvo la inquietud por haberse reflotado la iniciativa de traspasar la Justicia Nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo sus partidas presupuestarias. Los magistrados no están de acuerdo con dicho proyecto porque consideran que deben seguir estando dentro de la órbita del Gobierno Nacional, ya que su competencia abarca cuestiones federales. A ello el ministro respondió que no se encuentran realizando políticas tendientes a la concreción de dicha iniciativa, pero igualmente tomó nota de lo solicitado por los jueces.
Por otra parte se discutió la posibilidad de dar mayor participación activa a los diferentes fueros en los programas relacionados a la reforma judicial, en particular con respecto al PROJUM. Los jueces piden un espacio para dar su opinión y así explicar sus necesidades. Desde el ministerio se comprometieron a ello, ahora habrá que ver que esto realmente suceda. Por su parte los magistrados aseguraron que también plantearán este tema ante el Consejo de la Magistratura, con quien se reunirán próximamente.
También se analizaron los numerosos proyectos de ley que tienen estado parlamentario sobre temas relacionados al Poder Judicial. Según los presidentes que hay muchos de estos proyectos para crear juzgados en el interior del país que se promueven por políticas locales, pero que “no se encuentran enmarcados en un mapa judicial que contemple las necesidades del Poder Judicial a nivel federal”.
Aseguran que ello “atenta contra la eficiente asignación de recursos presupuestarios, y contra las necesidades reales que se pueden tener en la materia”. Tal es así que planean solicitar a las diferentes comisiones del Congreso Nacional que se los cite en la pretensión de ser escuchados y consultados para hacerles saber cuáles son las reales necesidades de los diferentes fueros.
Otro tema de mucha importancia fue planteado por los presidentes de las Cámaras Civil y Penal, y tiene relación a la problemática que engloba al tratamiento de los menores por parte de la Justicia –tanto con relación al nuevo registro de adoptantes, hasta los menores presos en comisarías-. Por su parte el ministro aproximó un detallado informe continente de las políticas que se están llevando a cabo para la construcción y mejoramiento de las cárceles. Pero por lo demás, no aseguró que haya políticas de estado definidas.
Se hizo también mención de la imagen de la Justicia, traída a colación por parte de Rosatti, que los magistrados resumieron al decir que el problema reside en que “existe una exigencia de la sociedad que no se condice con la realidad”. Aseguran que hay una posición adversa creada por expectativas válidas, pero que bajo las condiciones laborales que viven, son difíciles de cumplir, debido a la excesiva judicialización de los problemas, tanto políticos como de otra índole. Por ello entienden que hay una necesidad de generar una política comunicacional.
Luis Otero hizo mención especial al ministro, del proyecto que han elaborado los magistrados con la intención de que sean creados 6 juzgados y dos sala nuevas en el ámbito del fuero Contencioso Administrativo, que debido al colapso que suscitaron los amparos del corralito financiero no dan abasto bajo la estructura que tienen. Pero el tema no mereció mayor trascendencia.