El Ministerio del Interior de la Nación le pagará la suma de “1.000 pesos, por mes y por víctima, hasta un máximo de 38.000 pesos mensuales” a los abogados que representan a los familiares de las víctimas de Cromagnón en concepto de honorarios. La asignación de la asistencia financiera será brindada hasta que haya sentencia firme en la causa o hasta que se dicte el sobreseimiento de los imputados. También se establece, que el Poder Ejecutivo no podrá “impartir o formular instrucciones o sugerencias a los letrados” y que la asistencia financiera no estará sujeta a reintegros. La ayuda económica también podrá destinarse a solventar los gastos causídicos, honorarios de peritos, consultores técnicos, gastos por elaboración de informes técnicos y pericias, que resulten de interés a la parte querellante. Así, y através de la resolución 846/2005, la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio instrumentó la forma de pago a los abogados querellantes de la causa, tal como había sido facultada por el Decreto 525 del 20 de mayo, firmado por el presidente Kirchner.
La Procuración bonaerense dejó de exigir apelaciones
La Procuración General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense anuló una resolución que obligaba a los fiscales de la Provincia a apelar todas las resoluciones judiciales que otorgaban la excarcelación a un procesado. Esa exigencia demandaba, en numerosas ocasiones, recursos humanos y técnicos en causas de menor cuantía en desmedro de complejas investigaciones por homicidios, violaciones o defraudaciones. La medida la tomó la procuradora General de la Suprema Corte, María del Carmen Falbo, quien instruyó a los fiscales para que evalúen cada caso en particular y sus circunstancias, para agotar la vía recursiva. La resolución modificó la Nº 752 de 2000, que obligaba a los fiscales de primera instancia y a los de Cámara a “agotar las vías recursivas respecto de resoluciones judiciales que concedan el beneficio de la excarcelación”.
Nuevo Defensor General
Pese a que todavía no hay ningún candidato firme pare suceder a Miguel Ángel Romero, fuentes judiciales destacaron que, según el art. 1º del decreto 588/03, la designación del nuevo Defensor General de la Nación deberá regirse por el procedimiento instituido por el Decreto 222/03, que establece el procedimiento que la Constitución Nacional le confiere al Presidente para el nombramiento de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Persiguiendo como finalidad última la preselección de los candidatos valorando "sus aptitudes morales, su idoneidad técnica y jurídica, su trayectoria y su compromiso con la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos", el mencionado procedimiento obliga, en un plazo máximo de 30 días contados desde producida la vacante, a publicar durante tres días en el Boletín Oficial y en por lo menos dos diarios de circulación nacional, el nombre y los antecedentes curriculares de la/s persona/s que se encuentren en consideración para cubrir el cargo.
Además, y en un plazo que no puede exceder de quince días, a contar desde el vencimiento del establecido para la presentación de las observaciones, el PEN dispondrá fundadamente sobre la elevación o no de la propuesta respectiva. En caso de decisión positiva, se enviará lo actuado al Senado de la Nación.
Reunión pública
El próximo 10 de junio se llevará a cabo en la sede del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal una reunión temática, convocada por el Consejo de la Magistratura, para analizar un plan de reestructuración edilicia de los edificios del Poder Judicial. El mismo prevé el traslado de la justicia penal a la zona de Retiro y la concentración de los demás fueros en torno al Palacio de Justicia. La iniciativa busca que cada fuero tenga sus dependencias cercanas unas de las otras, racionalizando los espacios físicos para mejorar el servicio de justicia. El objetivo del encuentro es escuchar opiniones y propuestas para mejorar el proyecto presentado por el consejero Da Rocha. La reunión se realizará a las 18 horas y será pública.
Renuncia
La Defensoría General de la Nación ha aceptado, por medio de la Resolución 590/2005, la renuncia al cargo de Defensor Público Oficial Adjunto -Defensoría Nº 11- ante los Tribunales Orales en lo Criminal de la Capital Federal, de Teresa Virtudes Coloma, a partir del día 1° de junio del corriente año, en virtud de habérsele otorgado el beneficio jubilatorio.