Lo hizo a través del Decreto 557/2005 con el objetivo de marcar “una distribución de los recursos que se destinan al financiamiento del Poder Judicial entre los distintos programas que lo integran”. De esta manera, se marca la “superintendencia” en el reparto del presupuesto entre los dos estamentos de la Justicia y por el que a fines del año pasado habían chocado por el aumento de sueldo a los jueces.
El decreto, que lleva la firma del presidente Kirchner y todo el gabinete nacional, modificó el artículo 2 de la Ley 23.853, de presupuesto y gastos de la Corte Suprema, que fijaba el 3,5% de presupuesto para el Poder Judicial sin distinguir entre los distintos programas que lo integran.
La Ley 23.853 fue sancionada en 1990 antes de sancionarse las leyes que crearon el Consejo de la Magistratura, 24.937 y 24.939, por lo que no estaba establecida “una distribución de los recursos afectados entre los distintos programas y actividades de la jurisdicción”, es decir, entre la Corte y el Consejo.
Además del 3,5% la Justicia recibirá “el aporte que anualmente incluya el Poder Ejecutivo Nacional en el presupuesto general de la administración nacional para el inciso 4 —Bienes de uso— de acuerdo al presupuesto preparado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”
Tanto la Corte como el Consejo de la Magistratura elaboran su propio presupuesto que es enviado al Congreso por el primero. Este año la Ley 25.967 de presupuesto nacional fijó el de la Justicia en $ 884.290.933, de los cuales $ 847.200.620 fueron para el Consejo y $ 37.090.313 para la Corte.
Son conocidos en tribunales las disputas entre ambos cuerpos por la “superintendencia” de la Justicia, a pesar que sus competencias están normadas. El último entredicho fue a fines del año pasado. El Consejo había otorgado un aumento salarial para los jueces que luego la Corte paró por entender que no era de su competencia darlo. Finalmente, el aumento salió para los jueces con un incremento del 30% sobre sus haberes.