SI ME MANDAN AL BANCO VOY CONTENTO. Pocos ya recuerdan las postales de la Argentina del Guernica económico, donde solamente un sector experimentaba una sonrisa, aunque más no sea a la manera recatada y picarona de la Mona Lisa. Se trataba de los abogados que a modo de dispensers jurídicos despachaban amparos a troche y moche, convertidos por una vez en la historia en los buenos de la película. Corría el año 2001, sonaban las cacerolas y los bancos tuvieron que salir a apechugar las lluvias de cascotazos y amparos. Para unos, reforzaron los planteles de estoicos vigiladores privados, para los otros, tuvieron que salir a apuntalar a los abogados internos, que no sabían con que mano atajar los penales. Así los bancos grandes corrieron a los brazos de los estudios grandes que montaron sus divisiones “corralito”, contratando a nuevos abogados. Se trabajaba de sol a sol, en algunos estudios inclusive había turnos nocturnos, y se corría contra reloj. Algunos bancos oblaban la bicoca de $ 500.000 por mes en concepto de abono… y a pesar de lo que decían los medios, eran buenos tiempos para algunos. No había demasiada actividad económica, estábamos todos los días en la CNN y el dólar se disparaba a la via láctea. Uno de los casos de blindaje jurídico que quedará como un capítulo de la historia abogadil argentina, fue el que diseñó el Citibank. Así como un ejército que debe formarse de la noche a la mañana sobre el mismo campo de batalla, el Citi contrató al estudio jurídico Marval O´Farrell, que, como tantos otros, montó su división especializada como un traje a medida para un cliente que había puesto la sirena de emergencia en su bóveda (y un cerco de acero en sus vidrieras). Pero en la Argentina todo cambia a la velocidad de la luz: de estar en el primer mundo, pasamos al riesgo país 8000 puntos, tocamos fondo con la devaluación y hoy, de acuerdo con la publicidad oficial somos “un país en serio”. Maradona adelgazó y dejó las drogas, ya no suenan las cacerolas y los amparos dejaron de ser. El Citi habrá empezado a sacar cuentas, y evaluó de que ya no valía la pena seguir contratando los servicios de tan aquilatado y oneroso estudio. Anoticiados de ello, los abogados que se desempeñaban en el área “Corralito”, ven peligrar muy seriamente la continuidad de sus puestos. Por eso ya están poniendo al día sus currículum y visitando las oficinas de estudios tan grandes y reconocidos como Marval, a ver si consiguen laburo. También varios bancos recibieron perfiles profesionales de chicas y muchachos matriculados que tienen unas cuantas horas de vuelo expertizadas en las salidas de emergencia, ya que si bien los conflictos están amesetados, hay que seguir atendiéndolos. Entre los abogados de los amparistas, los de los representantes de los bancos y los empleados judiciales podemos formar un lindo seleccionado de especialistas.
VENDIMIA SALARIAL. En el año 1986 los magistrados del Poder Judicial de la provincia de Mendoza llegaron a un acuerdo, debido a la inflación creciente, que concluyó con un convenio que indexó sus sueldos, cada 3 meses según la inflación que hubiera. Con la convertibilidad el convenio fue dejado de lado, porque no tenía razón de ser, y cayó en desuetudo. No obstante, tras devaluación los mismos magistrados desempolvaron su convenio –que por más que oliera a naftalina, cobró vigencia- y volvieron a indexarse los sueldos. El problema afloró cuando los jueces que ingresaron luego de 1986 pidieron cobrar lo mismo que los otros –los indexados-, y ante la negativa demandaron al Estado provincial ante los tribunales, recibiendo acogida tanto en primera como en segunda instancia, y siempre basados en la intangibilidad del sueldo de los magistrados. Ahora el caso aterrizó en la Corte Suprema, que hace varias semanas intenta definir su posición frente al planteo. Los supremos cortistas saben que si bien sus resoluciones se aplican al caso concreto, esto va a originar un efecto dominó sobre los sueldos de jueces de todas las provincias. Es que el tema de la intangibilidad de los salarios de los magistrados es una garantía de rango constitucional. Hace ya dos semanas atrás, la Corte recibió al presidente del Superior Tribunal de Mendoza, Jorge Nanclares, y tres más de sus ministros, sin que ello tuviera trascendencia en los medios de Buenos Aires. Pero volvieron sin resultados, y con promesa de tratar lo antes posible el problema. Los mendocinos proponen que en el futuro dejen que en la provincia se establezca una ley nueva de sueldos para magistrados, y que se determine nuevo índice de actualización, que sea acordado entre los jueces y el gobierno. Pero la frutilla problemática del postre es que los jueces que se han indexado llegan a cobrar un sueldo mayor a lo que cobran los ministros de la Corte Nacional. Es por ello que este detalle generó una fuerte discusión durante el último acuerdo de ministros nacionales. El problema giró en torno a que, de ser acogido el recurso del gobierno provincial, debería ser tratado por conjueces, ya que esto sentaría un serio precedente en todo el país, que podría hasta indexar los sueldos de los propios integrantes de la Corte Suprema. Problema que además hace sentir la presión desde el Ministerio de Economía, porque el desembolso de dinero para hacer frente a esas indexaciones sería millonario. Si eventualmente decidieran hacer ceder el principio de intangibilidad de los sueldos de los magistrados ante la muletilla de la emergencia nacional ante la crisis post default, no tienen un real convencimiento de cómo hacer dicha fundamentación en contra de sus propios intereses. Parece que están viendo la posibilidad de patear la pelota al touch, y ver con qué excusa devuelven el caso al Superior Tribunal mendocino.