El ex presidente Fernando de la Rúa presentó esta semana una denuncia contra los jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Carlos Alberto Elbert y Gustavo A. Bruzzone, por mal desempeño de sus funciones,
solicitando su destitución y la aplicación de las sanciones legales correspondientes.
De la Rúa fundó la denuncia, a la que tuvo acceso este medio, en “falsedad de sentencia”, en directa alusión a la resolución dictada por ellos, como integrantes de la Sala I de la Cámara, el 14 diciembre 2004, en la causa 22.838 “De la Rúa Fernando-procesamiento”. Esa resolución, entre otras cosas, revocó su sobreseimiento, lo procesó como partícipe secundario del delito de malversación de caudales públicos y le trabó un embargo sobre sus bienes de más de 220 mil pesos.
Se trata de una causa iniciada, en 1997, cuando De la Rúa era jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En primera instancia, el juez de instrucción había dictado su sobreseimiento, pero a fines de 2004 los camaristas decidieron revocar la resolución y dispusieron su procesamiento. “Lo hicieron empleando en su totalidad argumentos falsos. Su conducta se califica, lisa y llanamente, como falsedad de sentencia. La mentira judicial es el mayor oprobio a la Justicia. Una resolución falsa en todos sus elementos es un delito designado como prevaricato. En esta figura penal incurren los señores jueces denunciados”, dice De la Rúa en el escrito que le mandó al Consejo.
La denuncia presentada en el Consejo de la Magistratura, no obstaculiza el proceso judicial, donde su defensa ya dedujo recurso de queja ante la Cámara Nacional de Casación Penal, y se funda también en otros “datos públicos” y “conocidos” de los magistrados. De la Rúa menciona el fallo Tiraboshi, un caso de violación de una menor de 7 años, donde Elbert habría considerado como atenuante la oscuridad; y destaca el fallo que otorgó
la excarcelación de Chabán, firmado por Bruzzone y Garrigós de Rébori, entre otros antecedentes.
“No es la primera vez que los señores jueces mencionados son objeto de cuestionamiento por diversos extremos de su proceder. Unas veces por desamparar a la sociedad por excesos en liberar culpables (casos Tiraboshi, Caprioti, Barbará, Chabán, entre otros). Otras, por violación de todas las garantías para perseguir a inocentes. En el caso Kimel el Dr. Elbert
evoca su pasado judicial en tiempos del proceso. Todo esto debe formar parte del examen de su desempeño”, subrayó De la Rúa.
El escrito, de más de 100 carillas, trasmite, además, el pesar por la
pérdida de confianza en los jueces, que obliga a formular esta denuncia, lo que no excluye –para De la Rúa- el respeto por el conjunto de la magistratura, “por parte de quien siempre respetó la independencia judicial”.
“El mal desempeño consiste en invocar un acta notarial inexistente de una reunión que no ocurrió, decir lo contrario de lo que dicen una pericia y testigos, ignorar la terminante segunda parte de un video exhibido en la indagatoria, entre otros casos de adulteración de prueba”, destacó el ex presidente, quien además les endilgó a los camaristas una “persecución política” en su contra.
Para De la Rúa, el caso tiene “gravedad institucional” por originarse en una extorsión contra el Gobierno de la Ciudad a cargo de personas que están, a su vez, acusadas por el caso de la “Escuela Shopping”. Los imputados, no obstante, acaban de ser sobreseídos por prescripción debido al tiempo que estuvo el expediente en la Corte Suprema. Asimismo, el ex jefe de Estado destacó que hubo “presiones y amenazas contra jueces de la causa”.
“Los magistrados denunciados administran justicia en materia penal por lo que el rigor de control debe ser mayor frente al uso ilegítimo de sus facultades cuando dictan sentencias falseadas en todo su contenido como ocurre en el caso”, subrayó el ex mandatario.
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