04 de Noviembre de 2024
Edición 7084 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 05/11/2024

La Universidad debe someterse a la Justicia

La Cámara Federal de Mar del Plata anuló una resolución de la Universidad Nacional de esa ciudad que le impidió asumir un cargo a una profesora. Invocó la “teoría de los actos propios” al entender que había sido aceptada en el puesto. También afirmó que la autonomía universitaria “puede ser objeto de contralor judicial. FALLO COMPLETO

 
Los jueces Ferro y Tazza de la Cámara Federal de Mar del Plata en autos “Slavin Graciela Eleonora s/ recurso de apelación art. 32 Ley de Educación Superior Nº 24521” anularon la Resolución 1715/03 del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Mar del Plata que le impidió a la actora asumir el cargo de Profesor Titular Regular de la cátedra de Derecho Laboral.

Dicha norma establece que un profesor no cobre por más que un cargo exclusivo o no se dedique a acumular cargos sin cumplir sus funciones. Y la resolución agrega su decisión “implica un ahorro significativo a la Universidad”.

Al momento de la presentación del concurso, la universidad aceptó la inscripción de Slavin y "no efectuaron algún tipo de reserva a ello” y afirmó la alzada que “la evaluación de sus antecedentes académicos determinan la improcedencia de su impugnación ulterior en base a normas que existían al momento de la evaluación”.

Sobre esto consideraron la teoría de los actos propios como “una regla derivada del principio general de la buena fe; al actuar de la forma en que lo hizo la facultad se configura una conducta contradictoria e incompatible con una anterior actitud deliberada”.

Para la alzada la resolución universitaria “no se compadece con elementales principios de respeto hacia los propios actos de la universidad” y que la función de los jueces es “asegurar la efectiva vigencia de la Constitución y que no pueda ser sometida o vulnerada por disposiciones de inferior valor jerárquico normativo no obstante un supuesto ámbito exclusivo de regulación normativa, como podría ser - en el caso - el universitario”.

También entendieron que la autonomía universitaria “puede ser objeto de contralor judicial” puesto que no se la puede excluir del control de constitucionalidad. Los camaristas calificaron la resolución del Consejo Superior como “precipitada y carente de consideración” y que “dista de ser prudente y acorde a las normas”.

Por eso admitieron el recurso de apelación presentado por la actora, declararon la nulidad de la resolución que le impedía acceder a la cátedra de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Facultad de Ciencias Económicas y le ordenaron al Consejo Superior Universitario que dicte una nueva ordenanza



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