A diferencia de la mayoría del espectro político argentino, el ex presidente Fernando De la Rúa se mostró en contra del histórico fallo de la Corte Suprema, que declaró inconstitucionales, con el voto de siete de sus miembros, las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, sancionadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín.
“Yo fui miembro informante del Senado en la ley de Obediencia Debida, creo que era necesaria, y respondía a lo que fue la promesa de Alfonsín en la campaña electoral: juzgar a los jefes”, sostuvo el ex mandatario en un extenso reportaje que será publicado este jueves, donde remarcó que “no comparto que se de marcha atrás con lo que fue una decisión tomada en su momento”.
Aunque descartó que el fallo pueda traer conflictos internos dentro de las Fuerzas Armadas, De la Rúa admitió que
se mantiene el interrogante sobre si “trae más o menos seguridad jurídica”. “Unos dirán que trae más, porque los crímenes de lesa humanidad no prescriben y no quedarán impunes; y otros, pueden decir hay menos, porque lo que se cree que es una facultad del Parlamento o del Presidente deja de serlo y está sujeto a examen de circunstancias”, destacó.
Además, quien fuera presidente entre 1999 y 2001
reclamó una definición sobre el concepto de “crimen de lesa humanidad”, o sobre el de delito aberrante. “Mientras esto no se defina, se seguirá girando sobre lo mismo”, manifestó.
“Han pasado casi treinta años de este episodio, más de veinte desde el 83, donde fue elegido Alfonsín, y hasta ahora no se ha definido qué es el delito aberrante”, dijo. No obstante, destacó que “es aberrante cuando tiene condiciones de perversidad especiales o cuando forma parte de un sistema de represión que desvirtúa el Estado”.
Al respecto, el ex presidente se preguntó si ¿alcanzará con que lo de la jurisprudencia o tendrá que definirlo la ley?, aunque –dijo- no lo puede hacer en forma retroactiva. “Además estaría siempre la imposibilidad de hacerlo porque están estas causas
supralegales, que sobre este tipo de hechos no admiten ninguna forma de regulación o limitación”, agregó.
Por último, el ex presidente aprovechó para aclarar que “nunca” dictó un decreto que prohibía la extradición de los militares a España en los casos que correspondía. “Acá se hizo mucho ruido con que se derogaba un decreto mío que prohibía la extradición a España, pero yo nunca dicté ese decreto. Lo que afirmé es el principio de territorialidad e hice saber que en los casos que se requiriese por hechos cometidos aquí le afirmaría la competencia a los tribunales nacionales”, subrayó.
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