El Senado suspendió al juez Boggiano

La maratónica sesión arrancó a las 16:42 con la ampliación oral de la defensa, a cargo de María Angélica Gelli y Marcelo Alberto Sancinetti, tal como o había solicitado el mismo Boggiano en oportunidad de presentar su defensa por escrito.

Los abogados destacaron la “improcedencia” de la suspensión que la Comisión Acusadora le ha pedido al doctor Boggiano. “Esta defensa no comparte, aunque lo respeta, por cierto, el encuadre teórico que la acusación ha formulado para el juicio político, la naturaleza del juicio político y los deberes de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores a la hora de instrumentar el juicio político”, dijo Gelli al comienzo de su larga exposición.

Luego de reiterar que, para la defensa, los jueces no pueden ser examinados por el contenido de sus sentencias, y que cada uno de los votos de Boggiano se ajustaron a la Constitución y a la ley, la letrada destacó las virtudes académicas del ministro de la Corte. “Todos conocemos al juez Boggiano. Me parece redundante señalar lo que representa como jurista en nuestro país y en el exterior; y lo que ha aportado a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en quince años de permanencia en el tribunal”, señaló.

Respecto del famoso rótulo con el cual se denominó a un sector de la Corte de la década del 90, la conocida “mayoría automática”, la letrada dijo en el recinto que “si admitimos la existencia de una mayoría automática quizá debamos admitir, de la misma manera, la existencia de una minoría automática”. “No lo estoy afirmando, de ninguna manera. Digo que de darse uno u otro caso sería igualmente grave para el sistema de la república democrática, porque tan malo —si es que a esto se refiere la Acusación— sería una Corte que hiciera seguidismo del poder político, como una Corte que se opusiera al poder político”.

Más tarde, el abogado defensor Alberto Sancinetti hizo una larga exposición y explicación de los tres casos que integran la acusación en contra de Boggiano: Meller, Macri y Dragonetti de Román, aunque puso el acento en la causa Meller, en la que el tribunal avaló un millonario pago a esa empresa por la impresión de guías telefónicas.

Por último, el ministro hizo uso de la palabra. Boggiano sostuvo que su voto, en la causa Meller “es sustancialmente distinto a los votos de los otros señores jueces de la Corte” y explicó los motivos. “Algunos jueces dijeron que el laudo apelado, el laudo del que tanto se habla, era nulo; otros jueces dijeron que ese laudo era válido; mi voto dijo que ese laudo era y es inapelable. La diferencia es, técnica y jurídicamente, esencial”, afirmó. Y agregó: “Estoy sometido a juicio político por aplicar, lisa y llanamente la ley”.

Además, el juez de la Corte recordó que “se me imputa además que mi voto importó la ejecución al Estado por una cifra millonaria que hoy asciende a 400 millones de pesos en bonos de consolidación. Advierto que el laudo sólo versaba sobre 28 millones, mas en la causa no había ningún elemento que llevara a inferir que la sustancia económica del pleito pudiera ascender a la cantidad de 400 millones. En todo caso, si se arribó a esa cifra fue como consecuencia de un método de actualización que no guarda ningún vínculo con la materia objeto de la sentencia que pronuncié”.

“Penden sobre mí posibilidades devastadoras, porque el juicio político está pensado parasituaciones excepcionalísimamente graves. Se establecen inhabilitaciones y, además, la pérdida de todos los derechos previsionales, de treinta o cuarenta años de trabajo, que quejó Boggiano, al tiempo que destacó que “es absurda la acusación y sería absurda mi suspensión y mi destitución”.

Por último, el magistrado subrayó que “si el criterio de acusación contra mi voto en Meller se generaliza, entonces se torna gravísimo el peligro de que cualquier juez sea sometido por algún fallo a juicio político”.

No obstante, el Senado decidió suspenderlo preventivamente. Tan sólo 11 senadores votaron en contra. Entre los ellos hubo peronistas y radicales: Ramón Saadi, Eduardo Menem, Haydeé Giri, Rubén Marín, Silvia Gallego, Sonia Escudero y Liliana Negre, todos del PJ; Oscar Castillo y Carlos Prades, de la UCR; y los provinciales Pedro Salvatori y Nancy Avelín.

El proceso sigue ahora su curso, con la presentación de las pruebas, y el veredicto final, que se conocerá antes de setiembre.

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