20 de Diciembre de 2024
Edición 7117 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 23/12/2024

Brevatas

Salió el número nº 9 de El Mes Judicial: Hábeas Data | Abrirían a prueba el juicio de Boggiano | La Corte implementa políticas respecto de los menores | Piden revisar la condena de Sebastián Cabello | Acceso a la Justicia gratuito | Más sobre la usurpación en el ex Padelai.

 
El Mes Judicial

Ya salió la nueva edición de “EL MES JUDICIAL” que bajo el título “Protección de datos personales. Nociones básicas para adecuar los tratamientos de datos a los requisitos legales” analiza un tema cada vez más candente, el cuidado y la protección de información sensible. En la nota a cargo del especialista Gustavo Tanús, se trabaja sobre los principios fundamentales de la protección de datos personales y los derechos de los titulares de dichos datos. Frente a la apropiación y tratamiento de datos personales por parte de terceros, surge la facultad de sus titulares para proteger su intimidad y decidir quién, cómo y durante cuánto tiempo sus datos pueden ser tratados.
Para saber donde conseguir gratuitamente el ejemplar Click aquí. A partir del jueves por la tarde podrá retirarlo en los centros de distribución de la Capital Federal y Gran Buenos Aires y desde el viernes en el interior del país.

Boggiano

La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado se dispone a tratar el dictamen para la apertura del período de prueba del juicio político al ministro de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Boggiano, para que la Cámara lo vote en la sesión prevista para esta semana. Si la medida de fuerza de los estatales prevista para el jueves no paraliza el Congreso, la Cámara resolverá la apertura a prueba en el juicio político que durará 30 días hábiles y concluirá a mediados o fines de agosto. Boggiano se encuentra investigado por su fallo en tres causas: Meller, Macri y Dragonetti de Román. En la primera, el juez es cuestionado por haber dado su firma a un fallo que reconoció un resarcimiento del Estado a una empresa que confeccionó guías telefónicas, por 400 millones de pesos. En el segundo, avaló un fallo de Casación vinculado el grupo Macri, y en el tercero se impuso una sanción contra la jueza Haydeé Dragonetti de Román. En estos dos últimos casos, el Senado ya había descartado los cargos en el proceso de juicio político contra el ex cortista Moliné O´Connor, por lo que se estima que sólo el caso "Meller" es el que suscitará el debate.

Menores

La Corte Suprema determinó que las preocupaciones dentro del ámbito del Poder Judicial de la Nación relacionadas con la problemática de los menores involucrados en diversas causas que se tramitan en el ámbito de este poder del Estado, motivaron que se invitara a la Ministro de Desarrollo Social, Alicia Kirchner. Conversaron con los miembros del tribunal sobre la posibilidad de adoptar ciertos cursos de acción conjuntos, tendientes a garantizar de manera efectiva el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos a la niñez en general y el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado argentino en instrumentos internacionales de jerarquía constitucional (art. 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y art. 40 y ss. de la Convención sobre los Derechos del Niño). La reunión con la ministro, tuvo lugar el día 27 de junio del corriente año en el Palacio de Justicia. Se resolvió, mediante la Acordada Nº 15/2005, que a los fines de implementar políticas respecto de los menores, “se constituye un grupo de trabajo integrado por magistrados del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público y por representantes del indicado Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Ministerio de Desarrollo Social”. De acuerdo a la consulta formulada a los presidentes de las respectivas Cámaras de Apelaciones que tienen que ver con menores, Delfina Borda (Cámara Nacional Civil), Raúl Madueño (Cámara Nacional de Casación Penal), Carlos Elbert (Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional) y a la Defensora General de la Nación sustituta, Stella Maris Martínez. Se han designado como integrantes del grupo de trabajo a Marta del Rosario Mattera (Juez de la Cámara Civil), José Piombo (Juez de la Cámara en lo Criminal y Correccional), Pablo Jantus (Juez de Tribunal Oral de Menores), Lucas Cayetano Aon (Juez de Familia), Mirta Ilundain (Juez de Familia), Silvia Sassano (Juez de Menores), María Coutinho (Defensora Pública de Menores e Incapaces a cargo de la Defensoría Pública de Menores e Incapaces ante los Tribunales de Segunda Instancia), María Palladini (Defensora de Menores e Incapaces de Primera Instancia) y Claudia López Reta (Defensora Pública de Menores e Incapaces ante los Tribunales Orales en lo Criminal). Las firmas fueron de los ministros Enrique Petracchi, Carlos Fayt, Ricardo Lorenzetti, Augusto Belluscio, Elena Highton de Nolasco y Carmen Argibay.(texto completo)

Recurso de Revisión

La defensa de Sebastián Cabello, el joven que mató a una mujer y su hijita cuando corría una "picada" por el barrio de Núñez en agosto de 1999, pidió esta mañana ante la Cámara Nacional de Casación Penal que se anule el fallo por el que su cliente fue condenado a 12 años de prisión, informaron fuentes judiciales. En tanto, los abogados querellantes que representan a la familia de las víctimas se presentaron ante la Sala III del máximo tribunal para pedir por su parte que quede confirmada la sentencia dictada a Cabello en noviembre de 2003 por el Tribunal Oral Criminal Nº 30.

Asesoramiento

Los cuatro centros barriales ubicados en la Ciudad de Buenos Aires, que fueron puestos en funcionamiento en el marco del Plan Social del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, solucionaron 13.768 conflictos en el año 2004, según se informó desde esa cartera. El objeto del Plan es contribuir al mejoramiento del acceso a la justicia, entendida ésta no sólo como la “llegada a los tribunales de justicia” sino en un sentido más amplio que comprende espacios y procedimientos no jurisdiccionales que contengan los requerimientos y conflictos particulares o colectivos. Las consultas se pueden realizar personalmente, sin necesidad de solicitar turno previo. La atención es por orden de llegada y se asesora a todas las personas que concurren. Los cuatro centros funcionan en La Boca (Lamadrid 676 (4303-2483) de lunes a viernes de 10 a 18 hs); en Liniers (Cuzco 220 4644-2697 de lunes a viernes de 13:00 a 17:00); en Montserrat (Belgrano 1177(4382-3249) de lunes a viernes de 10 a 18); y en Caballito: Campichuelo 553 (4982-4760) de lunes a viernes de 10 a 18 hs. En estos centros funciona el servicio de capacitación en mediación vecinal que intenta acercar la mediación al ciudadano común, para que los vecinos sean los que solucionen los conflictos de su comunidad. A la misma capacitación se accede a través de convenios que realiza el Ministerio de Justicia con ONGs, Colegios Profesionales, Asociaciones Intermedias e Instituciones Privadas en todo el país.

Pruebas del despojo

Los habitantes del ex Padelai tomaron conocimiento de nuevos elementos de prueba que dejaron en evidencia los intereses economicos que impulsaron su desalojo ilegitimo del predio del ex instituto por parte de las autoridades del Gobierno de la Ciudad. Los abogados Cesar Gustavo Arias y Stella M. Morales García, que representan a la Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo San Telmo, denunciaron ante la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal, la existencia de una licitación en la órbita de la Secretaria de Cultura del GCBA a cargo del Licenciado Gustavo López, para la remodelación del edificio del ex instituto en la calle Humberto Primo. Los pliegos de la licitación proponen la construcción de una nueva cubierta de chapas galvanizadas sobre la estructura de madera existente. Cabe recordar que el GCBA procedió al desalojo de los habitantes y propietarios del ex instituto argumentando un peligro de derrumbe, supuestamente acreditado por la pericia de un arquitecto llamado Gonella. El mismo fue denunciado por los habitantes del ex Padelai por la supuesta comisión del delito de falsedad ideológica, causa en la que fue sobreseído. Dicha resolución fue impugnada por los letrados de los damnificados y mediante la misma se ha logrado la intervención de la Cámara de Casación Penal.

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