Las actuaciones de los tres representantes del Tribunal Superior de Justicia le ponen al juicio una alta cuota de sospecha de parcialidad. A eso se suman testimonios de otros miembros de la justicia que han declarado públicamente la animosidad de los jueces contra el fiscal Mendaña.
El Jurado se integra por 3 vocales del Tribunal Superior de Justicia (Jorge Sommariva, Roberto Fernández y Eduardo Badano), 2 diputados provinciales (Marcelo Inaudi y el Enrique Campos) y 2 abogados (Fausto Farizano y Pablo Di Lorenzo). Entre los cuales se ha conformado una mayoría automatica, de 4 a 3, de la que forman parte los miembros del Tribunal Superior. Sin embargo, Inaudi por “serias dudas acerca de la imparcialidad de algunos de sus miembros” y Farizano, denunciando presiones, renunciaron como miembros del jurado.
A lo largo del proceso, que comenzó en diciembre, Mendaña presentó diversas recusaciones contra los integrantes del Jury y sus decisiones pero las mismas fueron resueltas por los mismos jueces que por la mayoría automática las rechazaban.
El comienzo de las audiencias no fueron menos dudosas. La testigo Cecilia Luzuriaga de Valdecantos, juez de Cámara, contó que Sommariva le dijo que estaba preocupado porque Fernández habría ido a ver al Gobernador de la provincia poco antes de fallar en la causa seguida contra Jorge Sobich, en la que fue filmado por una cámara oculta ofreciendo una coima. A partir de esa declaración Fernández, presidente del jurado, no permitió que continuara la defensa con su interrogatorio.
Luzuriaga no fue la única testigo que apuntaría a Fernández. Julio Telleriarte, defensor de Cámara, declaró que había recibido comentarios de otro defensor de Cámara, Gustavo Vitale, sobre la “animadversión del jurado Fernández con el acusado Mendaña”. Con igual proceder en el caso anterior, Fernández no autorizó continuar con el interrogatorio.
Una semana antes de que se presentaran las primeras denuncias contra Mendaña ocurrieron dos hechos significativos. El 7 abril de este año el propio Vitale le presentó un escrito al Jurado haciendo saber que Fernández le había dicho: “que había que esperar, que la vida siempre da oportunidades, que ya lo iba a tener a Ricardo Mendaña enfrente para cortarle la cabeza”, añadiendo algo así como que “él no deja heridos, que mata”.
Ese mismo día se conocieron declaraciones del ex vocal del Tribunal Superior de Justicia Marcelo Otharán, en las que daba cuenta de un encuentro de varias horas, en la sede del Tribunal Superior, entre quien una semana después denunciaría a Mendaña, el diputado Oscar Gutierrez, el asesor general de Gobierno, Jorge Brillo, y los tres jueces del Tribunal Superior que integran el Jurado.
Demasiados hechos que ponen sobre el juicio un sospecha difícil de quitar.
La denuncia contra el fiscal Mendaña la presentó el ultrasobischista diputado provincial Oscar Gutiérrez, quien fue sobreseído en una causa por enriquecimiento ilícito en marzo de este año. Lo denuncia por haber violado la Constitución y las leyes cuando impulsó el sistema acusatorio aprobado por la acordada 3594/02, por la cual el Tribunal Superior de Justicia autorizó una nueva forma de trabajo de las agencias fiscales. También lo acusa de “haber realizado declaraciones en distintos medios de comunicación tanto escritos como radiales, utilizando tales canales para desprestigiar a los tres poderes del Estado, es decir el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial”.
A esas denuncias se suman otras. Los nuevos cargos son por presunta morosidad, por supuesta falta de control de una de las fiscalías bajo su superintendencia, incompatibilidad con la función judicial por ser director regional del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y haber dado cursos en el país y el extranjero y por la presunta apropiación de tierras fiscales, tiene en trámite la compra de un terreno fiscal contiguo a su domicilio.
En este proceso Mendaña cuenta con un amplio respaldo de asociaciones jurídicas y sociales de su provincia y del resto del país. La Federación Argentina de Colegios de Abogados de la Republica Argentina, el Sindicato de Empleados Judiciales, la Federación Argentina de la Magistratura, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, Poder Ciudadano, la Asociación por los Derechos Civiles, el Centro de Estudios Legales y Sociales y muchas asociaciones de Neuquen apoyaron al fiscal acusado y repudiaron el juicio.
Para el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) el juicio a Mendaña es un “proceso indecente” y “una muestra notable de la violación a la independencia judicial que sistemáticamente viene llevando adelante el Poder Ejecutivo de la provincia” y que este tipo de hechos ”socavan fuertemente nuestras instituciones impidiendo construir genuinos Estados de Derecho”.