Cavallo se constituyó así en el primer magistrado argentino en acceder favorablemente los reclamos del juez español Baltasar Garzón, a quien deberá solicitar -una vez registradas las detenciones- que ratifique el pedido de extradición y que lo fundamente.
En el mismo oficio librado por Garzón, cuando Cavallo se encontraba de visita en España participando de conferencias y debates por invitación de la Universidad Complutense de Madrid, se reiteraba el pedido de extradición de otros 48 militares argentinos, entre los que se incluye a los ex integrantes de las juntas militares, y el ex jefe del Primer cuerpo de Ejército, Guillermo Suárez Mason.
Además de Brusa la nómina incluye a doce personas que actuaron en el centro clandestino que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y otros cinco que lo hicieron en jurisdicción del segundo cuerpo de Ejército en la provincia de Santa Fe.
La nómina se completa con una mujer policía, Maria Eva Aevi, además de Miguel Ángel Benazzi , Roberto Rubén Carnot, Hector Romeo Colombini, Hugo Enrique Demario, Mario José Fasino, Roberto Oscar González, Jorge Luis Magnacco, Salvio Olegario Menéndez, Juan Perizzotti, Fernando Enrique Peyón, Jorge Carlos Radice, Eduardo Alberto Ramos, Francisco Luicio Lioja, Gonzalo Sánchez, Raúl Enrique Scheller y José Antonio Suppicich.
De todos modos deberá ser el Poder Ejecutivo quien resuelva si concede o no la extradición de los ex represores, por lo que se presume que ratificará el principio de territorialidad para juzgarlos, vale decir que lo rechazará.
De todos modos, se presume que podría adoptar una actitud similar a la que sostuvo con la reciente detención del ex represor Alfredo Astiz, a quien luego de rechazarse un pedido de extradición a Italia se le inició una causa penal para ser investigado por los hechos que se le imputaban en ese país europeo.
Garzón, quien en su momento consiguió la detención en Inglaterra del ex dictador chileno Augusto Pinochet, ratificó la orden contra otros 48 ex represores, un trámite que había quedado en suspenso tras sucesivas dilaciones por parte del gobierno argentino.
El magistrado español los acusa por los delitos de terrorismo dessarrollado en base a múltiples crímenes, entre ellos la desaparición forzada de personas, secuestros seguidos de muerte y torturas.
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