La Cámara Civil determinó que un cliente y su abogado deberán afrontar por igual los efectos que la devaluación pudo generar sobre los honorarios del letrado. El abogado debía cobrar más de 6000 mil dólares por un juicio laboral iniciado antes de la crisis del 2001 a favor de su defendido.
Lo resolvió la Sala F de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil “Boschetti, Pablo Víctor c./ D.V.C.M., s./cobro de sumas de dinero” a raíz de los recursos interpuestos por ambas partes.
La causa se inicia cuando el abogado Pablo Víctor Bosechetti demandó a su ex cliente, la contadora C.M.D.V. solicitándole la regulación de sus honorarios, que estimó en 10.000 mil dólares, en razón de la actuación profesional extrajudicial que le cupo en beneficio de la demandada.
La sentencia de primera instancia tuvo por acreditado el asesoramiento del actor, así como su intervención como letrado de la contadora C.M.D.V.. en la conclusión de diversos convenios por los cuales se desvinculó laboral y/o profesionalmente del señor Mario Martín Zerkowski, para quien trabajaba desde hacía cuatro años.
Además el letrado intervino en aspectos conexos a la venta de las acciones de la sociedad anónima Lenox a Dr. Lenox S.A., de la cual el señor Daniel Alberto Mielke, que también habría tenido relación con la contadora D.V. fue designado como director suplente.
El juez estimó que la actuación extrajudicial del letrado lo involucró profesionalmente en diversos acuerdos por los que la demandada percibió, al menos, la suma de u$s37.000 que ella recibió por distintos conceptos. Por ello, reguló los honorarios de aquél en la suma de u$s6.650.
Ante ello se agraviaron ambas partes. El actor consideró “exigua” la base regulatoria que él estimó, al demandar, en u$s64.000; mientras que la demandada insistió en que la intervención profesional de Boschetti se limitó al acuerdo de extinción de la relación laboral, en virtud del cual recibió u$s10.000 de Zerkowski.
Sin embargo, el juez preopinante estimó con los elementos que hay en la causa que “se trató de una negociación abarcadora de aspectos que excedían una mera compensación de orden laboral”. “Resulta sugestivo que, días después –el 27 de julio de 2001-, el doctor Adler, abogado de Zerkowski, recibiese de la escribanía Ferrero no sólo la copia original de la escritura de extinción de la relación laboral sino, además, fotocopias certificadas de depósitos por las sumas de u$s10.000 y de u$s6.000, ambos en el banco Francés, cesión y transferencia de acciones, manifestación y convenio, “estos tres últimos en instrumentos privados con firmas debidamente certificadas por el escribano Héctor Ferrero”, dijo.
Además, el tribunal rechazó el pedido de inconstitucionalidad del art. 11 de la Ley 25.561 y de los arts.1°, 2°,4°, 8° y 17 del Decreto 214/02 que solicitara oportunamente la demandada. “El resultado de la declaración de inconstitucionalidad de las mismas, cuando no son claramente irrazonables, puede conducir, aunque se trate de un efecto no deseado, además de un desconcierto para los ciudadanos, que coadyuva a profundizar la propia crisis económica que afecta a todos por igual”, resaltó el juez preopinante.
Por todo ello, el tribunal modificó la sentencia apelada y dispuso que el monto de los honorarios profesionales debidos al doctor Boschetti se fijan en la suma de $6.650 más el 50% de la brecha entre $1 y el valor del dólar libre a la cotización de la fecha en que se practique la liquidación. Sobre dicho capital se calculará el interés moratorio devengado a partir de la fecha establecida en el pronunciamiento, a la tasa pasiva promedio que publica mensualmente el Banco Central de la República Argentina de acuerdo a lo previsto en el art. 8° del Decreto 529/91.