El Tribunal Oral Federal Cuatro (TOF Nº 4) será el que tramitará, en fecha a designar, la causa por la tragedia protagonizada el 31 de agosto de 1999 por un avión de Líneas Aéreas Privadas Argentinas (LAPA) que provocó 65 muertes. Tras el sorteo efectuado por la Cámara Nacional de Casación Penal, se determinó que el juicio oral y público se llevará a cabo ante el TOF Nº 4. De esa manera serán los jueces Leopoldo Bruglia, en su carácter de presidente, y los vocales Horacio Vaccare y María Cristina Sanmartino; quienes deberán determinar la fecha de inicio del proceso en el que el fiscal Eduardo Rizzi tendrá a su cargo la acusación. El 5 de julio último y a casi seis años de la tragedia, el juez federal Sergio Torres dio por clausurada la instrucción y elevó a juicio el proceso en el que ex directivos de la empresa y a funcionarios de la Fuerza Aérea estarán sentados en el banquillo de los acusados. Los directivos de LAPA están acusados como presuntos autores del delito de estrago culposo y por el que podrían llegar a recibir una eventual condena de hasta cuatro años en caso de ser hallados culpables. Por su parte el ex titular del Comando de Regiones Aéreas Enrique Dutra, el ex director de Habilitaciones del Comando de Regiones Aéreas Damián Peterson y el ex titular del Instituto Nacional de Medicina Aeronáutica y Espacial Diego Lentino, serán juzgados por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Alegatos
El veredicto del Jurado de Enjuiciamiento en el juicio político contra el juez federal Juan José Galeano se conocerá el próximo 4 de agosto. Este jueves, en la penúltima jornada del juicio, los consejeros Marcela Rodríguez y Beinusz Szmukler pidieron la destitución del magistrado por las supuestas irregularidades que cometió en la investigación por el atentado contra la AMIA. Rodríguez y Szmukler, coincidieron en atribuir a Galeano la responsabilidad por la falta de resultados en la investigación. Marcela Rodríguez explicó los fundamentos técnicos de la acusación, repasó cada uno de los cargos por los que el juez puede ser destituido, e hizo hincapié en lo que denominó "uso abusivo" de los testigos de identidad reservada y en el pago de 400 mil dólares al desarmador de autos Carlos Telleldín. Szmukler, por su parte, utilizó un enfoque de connotaciones políticas para achacarle al juez la utilización de una ideología que equiparó al "terrorismo de Estado". Antes y después de la audiencia, Galeano cuestionó el reciente decreto del Poder Ejecutivo que reconoció la responsabilidad del Estado en el fracaso de la investigación del atentado. "Sería el primer caso en la historia política argentina que el Poder Ejecutivo parece arrogarse facultades judiciales, decretando una suerte de “per saltum”, la confirmación de un fallo apelado en durísimos términos por la AMIA, la DAIA y Familiares de la Víctimas, auto-condenando a la República Argentina." "Es llamativo que a menos de una semana del aniversario del atentado a la sede de la AMIA se dicte un decreto de esta índole. Esto deja mucho qué pensar sobre las verdaderas motivaciones perseguidas detrás de todo esto. No solo no hubo ningún avance en la investigación del atentado desde que fuera apartado como juez en la causa, sino que se llevaron a cabo medidas que implicaron un claro retroceso. Cabe recordar que se dejaron sin efecto las capturas de personas que luego fueron ordenadas nuevamente. Esto deja entrever la falta de conocimiento de los elementos de prueba que fueron reunidos en la instrucción y que aún se encuentran vigentes y que no han sido desvirtuados o controvertidos." "El gobierno le está dando la razón al fallo del Tribunal Oral Nº 3; es una decisión política", expresó en referencia a la decisión judicial que absolvió a todos los imputados por la denominada "conexión local" del atentado. Por su parte, el defensor oficial de Galeano, Mariano Maciel, pronunció un encendido y acalorado alegato para refutar las imputaciones que tienen al juez al borde de la destitución. Maciel descalificó las acusaciones contra su defendido, reivindicó la investigación y apuntó contra uno de los principales elementos de cargo, el pago de los 400 mil dólares a Telleldín. “Cuando se dice que el doctor Galeano llevó a cabo una maniobra de encubrimiento, esto es una infamia, realmente es una infamia que el juez federal quiso involucrar falsamente a los que después terminaron procesados”, aseguró el defensor oficial.
Más cerca
La presidente del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego, María del Carmen Battaini, y el intendente de Tolhuin, Adrián Fernández, firmaron este miércoles un convenio para crear una casa de justicia en esa localidad. El objetivo es favorecer el acceso a la Justicia de quienes no pueden acceder, por su lejanía, a los tribunales de Ushuaia y Río Grande, ciudades en las que el Tribunal Superior estudia abrir casas de justicia. “La firma del convenio en la ciudad de Tolhuin también significa mostrar la intención de acercar la Justicia al ciudadano de un modo rápido, eficiente y de bajo costo” señaló el máximo tribunal en un comunicado.
En Europa también se consigue
Los magistrados italianos congregados en la Asociación Nacional de Magistrados (ANM), más de 8600 de los 9000 que hay en ese país, realizaron un paro, el cuarto en tres años, para protestar contra un proyecto de ley de Reforma de la Justicia. Para los jueces la reforma “limita la libertad de la magistratura” y es “anticonstitucional”. La ley ya había sido rechazada por el presidente italiano, Carlo Ciampi, que se negó a firmarla y devolvió el texto al Parlamento por considerar que algunos artículos, especialmente los que limitaban la independencia de los tribunales respecto al Poder Ejecutivo, eran “evidentemente anticonstitucionales”. El ministro de Reformas, Roberto Calderoli, dijo la semana pasada que denunciaría a todos los magistrados que se adhieran a la huelga. El principal punto al que se opone la magistratura es el que prevé la separación de las carreras tras cinco años de trabajo, es decir, la obligatoriedad de elegir entre ser juez o fiscal, lo que “hará que los jueces y fiscales sean más controlables”, según la magistratura.